Desde entonces, una racha de renuncias y un despido han ocurrido en la institución.
Durante la primera sesión, los magistrados acordaron solicitarle la renuncia a unos diez jefes y directores de unidades del Tribunal, en ese momento, una fuente aseguró que la decisión fue tomada porque estos técnicos estaban ocupando "cargos de confianza", así, al menos siete nombramientos ya se hicieron efectivos.
Los nuevos jefes fueron propuestos por la presidenta Soriano y es su mayoría han trabajado en la Corte de Cuentas de la República (CCR) y en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), mismas entidades en las que Soriano fue presidenta nombrada por la Asamblea Legislativa y comisionada nombrada por el presidente de la República, Nayib Bukele, respectivamente.
Tres días después de la primera reunión de colegiado, la Corte de Cuentas informó que había iniciado una auditoría a los fondos y a los bienes del Tribunal, pero no fue hasta mediados de octubre cuando se conocieron las renuncias, y que la CCR dio a conocer que habían encontrado mobiliario y expedientes del registro electoral "en total abandono". Antes, la institución informó que había auditado "en tiempo real" al TSE durante las elecciones.
Paralelamente, empleados del Tribunal expresaron a Diario El Mundo que personal armado, aparentemente de seguridad, se mantenían dentro de las instalaciones del edificio electoral, personal que sería ajeno a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que brindan seguridad al edificio desde que el contrato respectivo venció a finales de agosto.
Además, el personal de la institución aseguró a El Mundo que Diego Gálvez, quien ha sido comunicador de Nuevas Ideas, llegó a la Unidad de Comunicaciones a "dar orientaciones", sin embargo, no se presentó con ningún cargo. Durante la última semana, fue despedida la asesora Jurisdiccional y Procuración, María Victoria Aguilar Aguirre, por tener un "alto salario". Empleados han señalado que se mantienen en incertidumbre.
Los nuevos jefes técnicos del TSE son:
- José Rodrigo Orellana Tobar (director ejecutivo).
- Héctor Raúl Larios Giralt (director de Talento Humano).
- César Augusto Peña Menjívar (contralor general).
- Karennine Posada (directora jurisdiccional).
- Athalia Elizabeth Ganz Argueta (subdirectora del Registro Electoral).
- María Gabriela Ramos (secretaría general).
- Mario César Doratt Artero (director administrativo).
- Director ejecutivo, Luis Peralta.
- Directora de Talento Humano, Claudia Luz Ramírez.
- Contralor general, Alfonso Bonilla.
- Director Jurisdiccional y Procuración, Óscar Antonio Rivera Morales.
- Directora del Registro Electora, Xiomara Avilés.
- Secretario general, Erick Vides.
- Director administrativo, Jaime Canizalez.
¿Qué podrían significar esos cambios?
El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, considera que con el nombramiento de los nuevos jefes de unidades se debe verificar que tengan la idoneidad suficiente para ejercer el cargo porque "haber trabajado en otras instituciones públicas no garantiza que maneje el tema electoral".Además, Escobar se pregunta si los jueces han sustituido al personal técnico con experiencia en algunos casos de casi 30 años con "personas con el mismo calibre en el manejo de la materia electoral" y considera que, de haber nombrado personal sin la suficiente experticia, "se reduciría la calidad técnica y esto puede afectar la integridad de los procesos electorales".
Escobar ya había mencionado que, de contratarse a técnicos sin experiencia o sin el perfil requerido, se estaría "en presencia de la toma política del Tribunal Supremo Electoral".
Por su parte, el presidente de Tracoda, Luis V. Villaherrera, aseguró que algunos de los nuevos jefes "poseen mucha experiencia en el sector público, pero poca en lo electoral", por lo que considera que hubiera sido adecuado "buscar profesionales con formación en esa área". Villaherrera aseveró que, además de la experiencia, es importante que los nuevos jefes "recuerden que su deber es servir al interés general y no al de un partido político ni al de la persona que los propone". Los nuevos magistrados deberán ejecutar las elecciones legislativas y municipales de 2027 y las presidenciales de 2029.
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