El Salvador ha consolidado su imagen como un destino atractivo para la inversión extranjera directa en 2025, gracias a avances significativos en seguridad, digitalización, disciplina fiscal y apertura comercial. Así lo detalla el informe Investment Climate Statement 2025 (Declaración sobre el clima de inversión) del Departamento de Estado de EE.UU., el cual subraya que la ubicación estratégica del país, el uso del dólar como moneda oficial y los tratados comerciales activos fortalecen su competitividad regional.

En el informe, elaborado por la Oficina de Asuntos Económicos, Energéticos y Comerciales del Departamento de Estado, se destaca que EE.UU. mantiene desde abril a El Salvador en nivel 1 de advertencia de viaje —el más bajo— debido a una reducción histórica de la violencia, lo que ha impulsado el turismo y dinamizado la economía.

El informe recuerda que el presidente Nayib Bukele, reelegido con casi el 85 % de los votos en 2024, ha utilizado su mayoría legislativa para impulsar reformas económicas centradas en la atracción de capital y generación de empleo.

Según el reporte, el auge del turismo, liderado por visitantes estadounidenses, ha convertido a El Salvador en uno de los destinos turísticos de mayor crecimiento global.

El turismo ha despuntado en El Salvador, liderado por visitantes estadounidenses.

Acuerdo con el FMI y estrategia oficial

El Departamento de Estado destaca que una operación de conversión de deuda por conservación ambiental de $1,000 millones, respaldada por la Corporación Financiera de Desarrollo de EE.UU. (DFC), mejoró la liquidez del Estado y redujo el riesgo país. A esto se suma un acuerdo económico con el FMI por $1,400 millones, iniciado en febrero, con metas estructurales que, de cumplirse en 40 meses, podrían mejorar aún más el clima de inversión.

También señala que en 2025, el país adoptó un presupuesto sin nueva deuda para gasto público, apostando por la disciplina fiscal y sostenibilidad financiera.

El informe señala que la estrategia oficial favorece sectores clave como software, dispositivos médicos, manufactura, aeronáutica, alimentos y bebidas, turismo, automotriz, Bitcoin y activos digitales. La agencia estatal INVEST ofrece orientación legal, acceso a incentivos y conexión con empresas ya operando en el país, dice el reporte.

Además, el informe destaca que firmas internacionales de criptomonedas han anunciado su traslado al país, atraídas por la aceptación legal del Bitcoin, la regulación favorable y exenciones fiscales. La Ley de Inversiones permite igual trato a extranjeros y salvadoreños, eliminando barreras para establecer negocios, incluso para compañías con menos de 10 empleados.

El informe señala desafíos en ciberseguridad, infraestructura digital y regulación energética.

Sin embargo, el informe subraya obstáculos estructurales y riesgos como que el 70 % de la economía se mantiene en la informalidad, y la mayoría de los trabajadores carece de acceso a salud y pensiones. Además, señala que persisten desafíos en ciberseguridad, infraestructura digital, y regulación energética inconsistente. 

“Las agencias estatales enfrentan limitaciones técnicas y discrecionalidad en la aplicación de normativas”, advierte.

También recuerda que El Salvador se ubicó en la posición 130 de 180 en el Índice de Percepción de Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, aunque existen leyes para combatirla, su aplicación es irregular.

El informe advierte que “la transparencia en adquisiciones públicas también enfrenta limitaciones, especialmente en áreas de seguridad nacional”.

Marco legal

En cuanto a la propiedad, el informe señala que los extranjeros pueden adquirir tierras con ciertas limitaciones, y se permite la transferencia de bienes inmuebles sin aprobación estatal. Las disputas legales pueden resolverse en tribunales salvadoreños, aunque históricamente el sistema ha sido lento y costoso.

Además, sostiene que el sistema bancario salvadoreño permanece sólido y bien supervisado. No existen restricciones para la transferencia de fondos vinculados a inversión. El país impone un impuesto del 5 % a dividendos, nacionales o extranjeros.

El informe destaca que la ley no impone restricciones a la repatriación de capital, ni exige metas de exportación o contenido local.