Al menos 984,500 salvadoreños que viven en Estados Unidos serían afectados con el impuesto del 3.5 % a las remesas, según una nota económica de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (Secmca).



Denominado "Gran y Hermoso Proyecto de Ley", la polémica propuesta combina medidas fiscales, seguridad fronteriza, reformas de salud y recortes de gastos. El documento, en discusión en el Senado estadounidense, genera preocupación a los centroamericanos, en especial porque contempla un impuesto del 3.5 % a los envíos de remesas.

Si se aprueba, entraría en vigor el 1 de enero de 2026 y se aplicará a las remesas enviadas por los migrantes en estatus irregular, residentes permanentes y titulares de visas temporales. La excepción es para los ciudadanos estadounidenses, pero deben obtener una exención fiscal o un crédito tributario.



Retomando datos de la oficina del Censos de EE. UU. y la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional, el documento publicado por la Secmca plantea que un poco más de 1.5 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos, de los cuales 532,700 han sido naturalizados.

Los restantes 984,500 (65.2 %) estarían sujetos al impuesto al momento de enviar remesas. De estos, más de 330,000 salvadoreños son residentes legales y 654,500 se encuentran en situación irregular.

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La Secmca recuerda que El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua dependen del ingreso de remesas, donde llegar a representar del 19 % al 26 % del producto interno bruto (PIB). Aunque también Costa Rica y Panamá registran remesas, la participación es mínima en relación a los vecinos del norte de Centroamérica.

Según el Consejo Monetario, al menos 3.5 millones de personas procedentes de estos cuatro países serían afectados por el impuesto, de los cuales 1.2 millones son guatemaltecos, 1.06 millones hondureños y más de 248,900 nicaragüenses.

Enviar dinero sería más costoso

De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), las remesas representaron el 23.8 % del PIB en el cuatro trimestre de 2024, un año en el que ingresaron más de $8,479.7 millones de los cuales un 91.6 % procedió de EE. UU.

El análisis plantea que el costo promedio de enviar $350 a Centroamérica a través de las empresas remesadoras, como Western Union o MoneyGram, pasará de $9.21 a cerca de $23, equivalente a un crecimiento de 149.7 %.

"El aumento en los costos podría reducir la cantidad de dinero enviado, ya que los migrantes, especialmente los de bajos ingresos, tendrían menos capacidad para enviar la misma cantidad", sostiene el Consejo.

Tal como han planteado analistas, el impuesto llevará a que los remitentes de remesas opten por canales informales para evitar pagar, como monederos en criptomonedas o con terceras personas, algo que aumentará el riesgo de fraude y lavado de dinero.

Si se considera que las remesas originarias de Estados Unidos crezcan en promedio un 4.4 % en 2025, el impuesto se traducirá en $1,800 millones que no ingresarían a la economía centroamericana.

En el caso de El Salvador, los economistas han advertido que la disminución sería superior a los $300 millones.