El ministro de Trabajo y Previsión Social (MTPS), Rolando Castro, aseguró que todas las empresas en el país han cumplido con el incremento al salario mínimo en los diferentes sectores de la cadena comercial.
Castro fue consultado por los medios de comunicación sobre si se estaban realizando inspecciones para verificar el cumplimiento del aumento, a lo que el ministro respondió que su ejecución se ha hecho en todos los sectores.
El funcionario aseguró que la información también fue confirmada por el Centro de la Defensa del Consumidor (CDC), una institución que según Castro señaló que el incremento al salario no ha perjudicado en el costo de la canasta básica.
"El salario mínimo se ha ejecutado 100 % en todos los sectores que deben ejecutarse y una cosa más, no lo dice (solo) el gobierno".
Rolando Castro
Ministro de Trabajo
El salario mínimo en El Salvador incrementó un 12 % a partir del 1 de junio de 2025, luego de casi cuatro años de su última modificación.
El Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) se mantuvo alejado de las revisiones salariales en 2024, pese a que la normativa laboral lo obliga a reunirse al menos cada tres años.
PropuestaEn su momento, el Ministerio de Trabajo aseguró que era el presidente Nayib Bukele el que debía dar el banderillazo de salida para la revisión salarial.
Tal como lo planteó el gobierno, el CNSM se activó luego de que Bukele envió una propuesta para incrementar un 12 % el salario mínimo.
Pese a recibir a diferentes sindicatos y movimientos, el Consejo Nacional avaló la solicitud del mandatario el 23 de mayo y cuatro días después hizo pública la resolución.
El aumento se aprobó sin subsidios ni programas de apoyo para las micro y pequeñas empresas (mypes) tal como ocurrió en 2021.
El gobierno dijo el 29 de mayo que la próxima revisión salarial se hará en tres años y prometió mantener activo el CNSM.
Luego del incremento a la mínima remuneración también se ejecutaron inspecciones por parte de la Defensoría del Consumidor.
Hasta el 9 de junio de 2025 al menos 33 empresas eran investigadas por la Defensoría ante indicios de incrementos injustificados de hasta un 25 %.
