Colombia experimentó un aumento del 45 % en las acciones violentas durante el primer trimestre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Hasta mayo, se registraron 603 hechos, pese a que el país mantiene abiertos nueve procesos de paz con distintos grupos armados ilegales.
El informe titulado "La paz, ¿cómo vamos?", presentado este miércoles por las organizaciones Vivamos Humanos y la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), reveló que de mantenerse esta tendencia, el año podría cerrar con más de 1,200 actos violentos, superando los registros de 2023 y 2024, donde no se rebasaron los 1,100 casos.
"Vamos a cerrar el año 2025 con más de 1,200 eventos violentos, lo podemos confirmar desde ya", advirtió Lina Mejía Torres, coordinadora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Vivamos Humanos, durante la presentación en Bogotá, que contó con la participación del expresidente Ernesto Samper, diplomáticos y líderes regionales.
El documento detalla que persisten graves afectaciones a la población civil como homicidios, desplazamientos forzados, confinamientos, desapariciones y violencia sexual, pese a los esfuerzos por avanzar en la estrategia de ‘paz total’ promovida por el presidente Gustavo Petro.
"Cuando uno tiene ocho incendios en la casa, no puede apagar solo uno", expresó Samper, quien instó a aplicar un enfoque integral y avanzar hacia una "territorialización de la paz" con mínimos humanitarios que prioricen a las comunidades más afectadas.
Nueve procesos abiertos tras acuerdo con FARC
Los actuales diálogos de paz son continuación del proceso firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las FARC.
Sin embargo, tras ese pacto emergieron nuevos actores armados que mantienen activo el conflicto.
Actualmente se desarrollan negociaciones con el ELN, con las disidencias Segunda Marquetalia y Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo), y con bandas urbanas de Medellín, Buenaventura, Cauca, Nariño y agrupaciones locales.
De los nueve procesos, el de Medellín fue el único con calificación alta en el informe.
En contraste, el EMBF, con fuerte presencia en Guaviare, ha sido responsable de 783 hechos violentos en lo que va del año, evidenciando la débil implementación de acuerdos.
Llamado a la protección civil
"Siempre es difícil hablar de paz en Colombia, pero no estamos en los años de 3,000 secuestros y 600,000 desplazados", reflexionó el analista León Valencia, quien alertó sobre una "confluencia peligrosa" de violencias armadas y disputas territoriales.
El informe subraya que la protección de la población debe ser el eje de todos los procesos, y reclama la aplicación de mínimos humanitarios, regulación de los ceses al fuego y participación ciudadana en las decisiones territoriales.
"La seguridad no puede seguir siendo sinónimo de militarización", concluye el documento, que exige al Estado medidas estructurales para consolidar la paz y cumplir lo pactado en 2016.
