Una coalición bipartidista de 20 congresistas de Estados Unidos presentó este martes una nueva versión del Dignity Act, un proyecto de ley que busca detener la inmigración indocumentada, reforzar la seguridad fronteriza y otorgar protección temporal a ciertos trabajadores sin estatus legal que llegaron al país antes del 2021.
La propuesta, liderada por la congresista republicana María Elvira Salazar, de Florida, y la demócrata Verónica Escobar, de Texas, fue presentada en Washington frente al Capitolio. Ambas legisladoras coincidieron en que el sistema migratorio actual “lleva décadas siendo inservible” y necesita una reforma integral.
El plan legislativo pide al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que se discuta el texto a la brevedad. La iniciativa beneficiaría a millones de inmigrantes indocumentados que ingresaron a EE.UU. antes del 1 de enero de 2021, ofreciéndoles un permiso de trabajo por hasta siete años y un estatus renovable condicionado a buena conducta y el cumplimiento de requisitos como pagos de restitución, revisión de antecedentes y reportes periódicos al Departamento de Seguridad Nacional.
No obstante, quienes obtengan este estatus legal temporal no podrán acceder a beneficios federales ni tendrán una vía directa a la ciudadanía, y aún no está claro si podrán viajar fuera del país. Entre los principales beneficiados estarían los jóvenes amparados por el programa DACA, quienes sí podrían solicitar la residencia permanente.
El proyecto también incluye medidas para reforzar la seguridad fronteriza, actualiza las categorías de visas para adaptarse a la demanda laboral actual, y reforma el sistema de asilo, impidiendo la liberación dentro del país de solicitantes mientras se define su situación legal.
Además, haría obligatorio el uso del sistema E-Verify para evitar que empleadores contraten inmigrantes sin documentos, una herramienta clave para controlar la contratación ilegal en Estados Unidos.
“Es un proyecto revolucionario que asegura la frontera, detiene la inmigración ilegal y da una oportunidad merecida a quienes llevan años trabajando aquí”, declaró Salazar. Por su parte, Escobar calificó la propuesta como “un compromiso sensato y realista”, e instó a demócratas y republicanos a apoyarla: “Es nuestra obligación alcanzar una solución”.
Desde 2021, ambas congresistas han intentado sin éxito que el Congreso apruebe esta iniciativa, pero esta vez destacaron que el financiamiento del plan proviene exclusivamente de pagos de los solicitantes, sin implicar gasto de fondos públicos.
El anuncio ocurre en medio de un aumento de redadas migratorias en EE.UU. ordenadas por el presidente Donald Trump, tras la aprobación de una ley presupuestaria que otorga más recursos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ahora convertido en la agencia de seguridad más grande del país.
