Una coalición conformada por 20 estados de gobierno demócrata y el Distrito de Columbia presentó este miércoles una demanda contra una política del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impide utilizar fondos federales destinados a seguridad pública para ofrecer servicios legales a inmigrantes indocumentados.
La medida legal, interpuesta en un tribunal federal de Rhode Island, impugna una reciente restricción impuesta por el Departamento de Justicia, que prohíbe a los estados financiar con subvenciones programas de asistencia a víctimas de delitos, si estos incluyen atención a personas en condición migratoria irregular.
La política —denominada “costos no admisibles”— afecta a fondos provenientes de leyes como la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA) y la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), al limitar su uso cuando se trata de brindar apoyo legal a inmigrantes sin estatus legal o con procesos de deportación abiertos, salvo contadas excepciones.
Los fiscales estatales alegan que esta restricción viola la Cláusula de Gastos establecida en la Constitución de los Estados Unidos, al imponer condiciones vagas y arbitrarias sobre cómo se pueden utilizar los fondos federales.
Además, los demandantes cuestionan la ambigüedad del concepto “servicios legales” dentro de la norma, lo que obliga a los estados y organizaciones beneficiarias a interpretar qué tipo de ayuda está permitida, generando un clima de incertidumbre legal y riesgo de sanciones.
La demanda también advierte que la medida obligaría a implementar procesos burocráticos costosos para verificar el estatus migratorio de cada persona antes de brindar asistencia legal, lo que podría dejar desprotegidas a víctimas de violencia doméstica, agresión sexual, trata de personas y abuso infantil o de adultos mayores.
“El presidente Trump continúa impulsando políticas que hacen que nuestras comunidades sean menos seguras”, expresó el fiscal general de California, Rob Bonta, uno de los líderes de la coalición demandante.
Bonta añadió que la medida forzaría a muchas organizaciones a reducir drásticamente sus servicios por temor a incumplir las nuevas condiciones impuestas por el Departamento de Justicia. “Ojalá el presidente Trump dejara de crear problemas donde no los hay y se enfocara en políticas que realmente reduzcan la delincuencia”, concluyó.
Además de California, forman parte de la demanda los estados de Nueva York, Colorado, Illinois, Rhode Island, Arizona, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.
