El gobierno de Israel dio por concluida este jueves la operación militar con la que interceptó a casi medio centenar de embarcaciones de la flotilla humanitaria Global Sumud que navegaba con rumbo a la Franja de Gaza. De acuerdo con el Ministerio de Exteriores israelí, solo una embarcación continúa en el mar, pero se le impedirá acercarse a la zona en conflicto.

"Ninguno de los yates de provocación de Hamás-Sumud ha logrado entrar en una zona de combate activa ni violar el bloqueo naval legal", afirmó la cancillería en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

La Armada israelí interceptó 44 barcos la noche del miércoles y arrestó a más de 443 personas de distintas nacionalidades. Entre los detenidos figuran al menos 40 ciudadanos españoles, 35 italianos, 32 turcos, 21 malasios, 25 tunecinos, 12 brasileños, 31 franceses y 20 estadounidenses, además de activistas de Reino Unido, Alemania, México y Colombia.

Los organizadores de la flotilla denunciaron este jueves que, tras el asalto, perdieron comunicación con la mayoría de las embarcaciones y desconocen el paradero de los tripulantes, quienes fueron trasladados, presuntamente, hacia el puerto de Ashdod. Según los activistas, la Armada utilizó cañones de agua, roció con agua contaminada a los pasajeros y bloqueó sus comunicaciones por varias horas.

“Interceptar embarcaciones humanitarias en aguas internacionales es un crimen de guerra; negar asistencia legal y ocultar el destino de los capturados agrava este delito”, advirtió la organización de la flotilla en un comunicado.

Por ley, las autoridades israelíes pueden deportar a los activistas 72 horas después de ser emitida la orden de expulsión, aunque algunos detenidos han aceptado ser deportados voluntariamente. En junio pasado, cuatro de los doce tripulantes del barco Madleen aceptaron la salida anticipada.

La organización informó que una de las embarcaciones, el Marinette, con bandera polaca, continúa en contacto con la base operativa y transporta a seis pasajeros. Otro de los barcos, el Mikeno, de bandera francesa, habría ingresado a aguas territoriales de Gaza, pero se encuentra incomunicado.

Vicepresidenta española exige liberar a los activistas de la flotilla retenidos por Israel

La vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, exigió este jueves la liberación inmediata de los activistas de la flotilla retenidos esta pasada madrugada por el Ejército de Israel en su travesía a Gaza.

"Son personas que han entregado su cuerpo para llevar ayuda a Palestina y que están perseguidas por un Gobierno genocida", dijo Díaz, también ministra de Trabajo y Economía Social, y perteneciente a Sumar (izquierda), el socio minoritario del Gobierno.

La interceptación de la flotilla, que llevaba comida y ayuda a la Franja de Gaza, no es solo un ataque a Palestina, sino un ataque "al derecho internacional" y "a la dignidad de Europa", remarcó la ministra, quien consideró que "la UE ha de romper toda relación con Israel", que "ha vuelto a pasar una linea roja del derecho internacional".

La vicepresidenta segunda remarcó que "el único acto ilegal" de ayer fue el del Gobierno de Benjamin Netanyahu, que "violenta todos los días, asesinando a niños y niñas palestinas", e hizo hincapié en que "la flotilla está cumpliendo con la legalidad internacional".

"Netanyahu no se va a salir con la suya, la historia nos ha demostrado que el derecho internacional está siempre por encima de los crímenes de guerra", añadió la ministra, quien dejó claro que seguirán trabajando "para garantizar la paz en Palestina".

Condena de la izquierda española

Los otros ministros de Sumar del Gobierno también mostraron su rechazo a las acciones de Israel y en ese sentido la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de origen palestino, pidió la expulsión de la misión diplomática israelí en España.

"Yo creo que lo que corresponde ahora es una respuesta contundente, una respuesta que pase por la expulsión de la misión diplomática de Israel en nuestro país", dijo Rego, quien aseguró que deberían estar trabajando para "liderar una coalición internacional que de alguna manera plantee la ruptura, romper este bloqueo y que se abran corredores humanitarios porque la situación es absolutamente dramática e insoportable".

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también de Sumar, definió el asalto a la flotilla como "un acto de piratería" y añadió que "cualquier daño personal o material" que hayan sufrido los activistas detenidos podrá ser reclamado como "crimen de guerra" ante la Corte Penal Internacional.

También el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, el cuarto ministro de Sumar del Gobierno español, exigió la liberación "inmediata" de toda la tripulación "secuestrada ilegalmente" por Israel.

Las declaraciones de los cuatro ministros de Sumar se producen después de que el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, convocase a la encargada de negocios de Israel en España, la máxima responsable de la embajada en estos momentos, para protestar por la detención de los activistas españoles, que es la nacionalidad más numerosa en la flotilla.