La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes al Gobierno del presidente Donald Trump reactivar las deportaciones de inmigrantes hacia terceros países como El Salvador y Sudán del Sur, en una decisión que representa un triunfo clave para la Casa Blanca en su campaña de expulsiones masivas.
El máximo tribunal dejó sin efecto la orden del juez federal Brian Murphy, de Massachusetts, quien había bloqueado temporalmente la deportación de ocho migrantes bajo el argumento de que corrían riesgo de tortura y no se les había garantizado una defensa legal adecuada.
Entre los afectados se encuentran ciudadanos de Cuba, México, Laos, Birmania y Vietnam, aunque solo uno es originario de Sudán del Sur, país al que iban a ser enviados. Todos permanecían retenidos junto a once agentes migratorios en una base aérea en Yibuti, en condiciones catalogadas como “deplorables” por el propio Gobierno, y bajo la amenaza de un posible ataque procedente de Yemen.
En su apelación ante la Corte Suprema, la Administración Trump alegó que los inmigrantes implicados habían cometido “crímenes monstruosos” y que sus países de origen se negaban a recibirlos. Con el fallo, Washington podrá retomar estas expulsiones, pese a que la legislación estadounidense prohíbe deportar a personas hacia naciones donde puedan ser víctimas de tortura.
El Departamento de Estado califica a Sudán del Sur como una zona de alto riesgo por conflicto armado y ha recomendado no viajar allí, además de retirar recientemente a su personal no esencial.
La decisión judicial se produce en medio de una creciente tensión entre el Gobierno republicano y el sistema judicial debido a las medidas más agresivas adoptadas por Trump para cumplir su promesa de deportaciones masivas.
Para acelerar el proceso, la Administración estadounidense busca acuerdos bilaterales con países que estén dispuestos a recibir migrantes expulsados, como El Salvador. Según fuentes oficiales, se enviaron más de 200 personas a la megacárcel salvadoreña del CECOT, donde permanecen incomunicadas de sus familiares y abogados.
El acuerdo entre Trump y el presidente salvadoreño Nayib Bukele, cuyo contenido no ha sido divulgado públicamente, contempla que El Salvador reciba a estos migrantes por un periodo inicial de un año, a cambio de un desembolso de $6 millones por parte del Gobierno estadounidense.
