La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este viernes la apelación del gobierno de Donald Trump para reactivar la deportación de un grupo de venezolanos detenidos en Texas, a quienes se les acusó de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua.
El alto tribunal resolvió con dos votos en contra —de los jueces conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas— mantener la suspensión temporal de las expulsiones que había sido dictada en abril por una corte inferior, luego confirmada a medianoche el mes pasado.
La administración del expresidente Donald Trump había solicitado el 13 de mayo que se levantara la orden judicial y se permitiera la deportación de 176 venezolanos recluidos en el centro de detención Bluebonnet, en el norte de Texas. Alegó que los migrantes representaban un riesgo “especialmente peligroso” y que mantenerlos detenidos prolongadamente era inviable.
La base legal invocada por el equipo de Trump fue la Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798, que otorga amplios poderes al Ejecutivo para deportar ciudadanos de países enemigos en tiempos de guerra. Esta normativa ha sido criticada por su antigüedad y por el riesgo de vulnerar garantías constitucionales. Precisamente esa fue la ley utilizada para enviar a más de 250 venezolanos a El Salvador y que están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en Tecoluca.
En su decisión, la Corte devolvió el caso a una corte de apelaciones inferior, que deberá evaluar a fondo los argumentos centrales, incluyendo la legalidad de aplicar dicha ley en el contexto actual y si el gobierno debe notificar previamente a los migrantes afectados por la medida.
"El fallo de hoy extiende efectivamente la congelación temporal que los jueces pusieron sobre las remociones de la Ley de Enemigos Extranjeros del Distrito Norte de Texas el 19 de abril", dijo Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema de CNN y profesor de Georgetown Law.
"Debido a que los tribunales inferiores han bloqueado el uso de la ley en todos los demás distritos en los que el presidente ha tratado de invocarla, eso significa que efectivamente está pausando todas las deportaciones bajo la ley hasta que el 5o Circuito, y, presumiblemente, la propia Corte Suprema, resuelva de manera concluyente si son legales y cuánto proceso se debe si es así", agregó Vladeck.
