El Senado de Estados Unidos dio luz verde el martes a una nueva ley fiscal que inyectará miles de millones de dólares al plan de control migratorio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reforzando su política de endurecimiento de la frontera.
El proyecto, calificado por el mandatario republicano como una "ley grande y hermosa", contempla un gasto de casi $170,000 millones en cuatro años para expandir la fuerza de agentes migratorios, levantar nuevos centros de detención y desarrollar sistemas de vigilancia con inteligencia artificial. El presupuesto destinado a inmigración será ocho veces mayor que todo el del FBI y 13 veces superior al de la DEA.
Tras la votación en el Senado, la iniciativa regresará a la Cámara de Representantes, donde deberá revisarse de nuevo antes de convertirse en ley. Entre los puntos más controversiales figuran $64,000 millones para continuar la construcción del muro fronterizo y $70,000 millones adicionales para la operación y mantenimiento de centros de detención y deportación.
El Gobierno proyecta contratar más de 20,000 nuevos agentes para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Según estimaciones del centro de estudios conservador CATO, una vez entre en vigor la ley, la cantidad de migrantes detenidos pasará de 50,000 a más de 200,000.
Además, se establecen nuevas tarifas para trámites migratorios. Solicitar asilo costará $1,000 y apelar una decisión migratoria tendrá un valor de $900, frente a los $110 anteriores. Pedir un permiso de trabajo tendrá un costo de $550 y durará solo seis meses, mientras que mantener una solicitud de asilo activa implicará un pago anual de $100.
También se incluye un impuesto del 1 % a las remesas enviadas desde EE.UU., principal emisor mundial con más de $85,800 millones en 2023, según el Migration Policy Institute.
Las familias con padres sin número de seguro social perderán acceso al crédito fiscal por hijos, y se limitarán fondos federales de Medicaid para estados que brinden salud a migrantes sin estatus legal. Incluso migrantes con TPS o visa de trabajo verán restringido el acceso a seguros médicos con precios reducidos.
