Naciones Unidas reportó este martes un aumento alarmante de la violencia en Haití, con un incremento del 24 % en los homicidios intencionados durante el primer semestre de 2024. Según la Oficina Integrada de la ONU en Haití (BINUH), se registraron 4,026 víctimas, entre ellas 376 mujeres, 21 niñas y 68 niños.
El secretario general adjunto de la ONU para Europa, Asia Central y las Américas, Miroslav Jenča, presentó los datos durante una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a la crisis haitiana, y advirtió que la capital, Puerto Príncipe, está prácticamente paralizada y sitiada por bandas criminales. "Sin una mayor acción internacional, el colapso total de la presencia estatal en la capital podría convertirse en un escenario muy real", alertó.
El número de desplazados internos alcanzó ya los 1.3 millones, cifra que triplica la de 2023 y multiplica por seis la de 2022, según datos del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos. La expansión de la violencia ha generado una crisis humanitaria cada vez más compleja.
Pese a la situación, el Consejo Electoral Provisional de Haití, con apoyo de la BINUH y otros socios de la ONU, mantiene planes para celebrar elecciones en febrero de 2026. Sin embargo, Jenča reconoció que persisten "profundas divisiones" entre actores clave, lo que podría hacer inviable el proceso si continúa la violencia.
En la sesión también intervino la directora general de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Ghada Waly, quien aseguró que los grupos criminales controlan alrededor del 90 % de Puerto Príncipe. "El crimen organizado se está expandiendo hacia el este y sur del país, mientras crece el número de grupos de autodefensa", precisó.
Waly advirtió además sobre el cierre de infraestructuras clave como la presa hidroeléctrica que provee el 30 % de la electricidad nacional, y denunció la repatriación forzada de migrantes haitianos a zonas de extrema inseguridad, sin acceso a servicios básicos.
En paralelo, un juez federal de Nueva York falló ayer a favor de miles de haitianos con estatus legal en Estados Unidos, permitiéndoles defender su permanencia frente al intento de la Administración Trump de terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS), que actualmente protege de la deportación a más de medio millón de personas.
