La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció este viernes que la persecución política en Nicaragua sigue siendo uno de los factores principales del deterioro democrático en el país y alertó sobre el riesgo de que esta práctica cruce fronteras.



Maarit Kohonen, directora de la División de Operaciones Globales, aseguró que la represión "no solo persiste, sino que se ha convertido en una práctica recurrente", exponiendo a opositores en el exilio a amenazas contra su vida e integridad física. "Se trata de un desmantelamiento devastador del espacio cívico", afirmó.

La ONU destacó que defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas y afrodescendientes, así como líderes religiosos y laicos, figuran entre los principales afectados por este hostigamiento. Desde 2018, se contabilizan al menos 178 exilios de periodistas y la cancelación arbitraria de 5,535 organizaciones sin fines de lucro.



Según Kohonen, los pueblos indígenas y afrodescendientes también enfrentan amenazas por reformas aprobadas sin consulta ni consentimiento, sumadas a ataques contra sus comunidades que incluyen asesinatos y violencia sexual.

La ONU denunció que las detenciones arbitrarias continúan como herramienta de represión, mientras la nueva Ley Electoral, vigente desde marzo, permite a la Presidencia proponer al titular de la Corte Suprema y restringe la publicidad de procesos penales. La organización pidió al Gobierno de Nicaragua reabrir el diálogo y retomar su compromiso con los derechos humanos.