Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité de Protección a Periodistas (CPJ) solicitaron este viernes a una corte federal detener la deportación del periodista salvadoreño Mario Guevara, quien lleva más de 100 días detenido tras cubrir protestas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El recurso legal, presentado como amicus curiae ante la Corte del Distrito Sur de Georgia, busca que Guevara sea liberado de forma inmediata, en un caso que ha encendido las alarmas de organizaciones que defienden la libertad de prensa.
“Para ponerlo llanamente, a los agentes de seguridad les disgustaba el reporteo de Guevara sobre su conducta, así que lo detuvieron. A pesar de una orden de un juez migratorio para liberarlo bajo fianza, el Gobierno ha buscado mantenerlo detenido”, señala el documento judicial.
El comunicador fue arrestado el 14 de junio en Georgia mientras transmitía en vivo para su canal MG News una protesta del movimiento No Kings contra Trump y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Aunque los cargos menores que enfrentaba fueron desestimados, el proceso de deportación continúa abierto pese a que Guevara reside en EE.UU. desde 2004 y es padre de hijos ciudadanos estadounidenses.
Organizaciones como Free Press, The Freedom of the Press Foundation y PEN America se sumaron a la petición, advirtiendo que el caso “tiene profundas implicaciones” para el ejercicio periodístico.
“La detención y posible deportación del amado periodista Mario Guevara es tan legalmente injusta como una señal del proyecto de censura de la Administración Trump para castigar la libertad de expresión y disenso”, expresó Nora Benavidez, directora de justicia digital de Free Press.
La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) falló recientemente en contra de Guevara, reabriendo un proceso de deportación suspendido desde 2012, cuando perdió un caso de asilo. “El argumento del Gobierno, que Guevara representa un peligro por su transmisión en vivo de actividad de los agentes de la ley, crea un dañino marco para ir detrás de otros periodistas, así como de cualquier otro individuo que transmita en vivo”, advirtió Katherine Jacobsen, coordinadora del CPJ para Estados Unidos, Canadá y el Caribe.
El futuro del comunicador, que cuenta con más de 700,000 seguidores en redes y es referente en temas migratorios, dependerá ahora de la decisión de un tribunal federal que podría detener o confirmar su deportación.
