Kilmar Ábrego García, el salvadoreño deportado en 2020 por lo que su defensa califica como un "error administrativo" del gobierno de Donald Trump, comparece este viernes ante una corte federal en Tennessee.



La audiencia definirá si permanece detenido mientras enfrenta un juicio por presunto tráfico de personas. Ábrego, de 29 años, fue arrestado el 6 de junio de este año poco después de su reingreso a Estados Unidos. El Departamento de Justicia solicitó su detención alegando que los cargos implican a una víctima menor de edad, que existe un "riesgo serio" de fuga, y que el acusado podría obstruir la justicia o intimidar testigos. Sin embargo, sus abogados —defensores públicos designados— se oponen tajantemente a esta petición.

En un memorando de 20 páginas presentado ante la jueza federal Barbara D. Holmes, argumentan que Ábrego busca únicamente lo que se le ha negado desde su arresto y deportación: el debido proceso.



"El señor Ábrego García pide lo que le ha sido negado en meses anteriores: una audiencia justa", señala el documento. La defensa subraya que los cargos presentados no involucran explícitamente a menores de edad, y que el gobierno no ha entregado evidencia concreta sobre un supuesto riesgo de fuga o conducta obstructiva.

Los abogados también niegan cualquier vínculo comprobado de Ábrego con pandillas, en respuesta a las acusaciones del gobierno de que pertenecería a la MS-13. "Incluso si se asumiera su pertenencia —lo cual negamos categóricamente— no basta legalmente para justificar su detención preventiva", argumentaron.

Deportado a pesar de protección legal Ábrego fue deportado a El Salvador en marzo, pese a contar con protección de un juez de inmigración que reconoció su calidad de víctima de la pandilla Barrio 18 y el peligro que enfrentaba en su país de origen.

Al llegar, fue encarcelado en el Centro para el Confinamiento de Terroristas (Cecot), una prisión de máxima seguridad para presuntos pandilleros, fuertemente cuestionada por organizaciones de derechos humanos.

Durante meses, el gobierno estadounidense negó que pudiera retornarlo a su territorio. No fue sino hasta el viernes pasado que admitió su regreso.

La fiscal general Pam Bondi confirmó su presencia en suelo estadounidense y anunció que enfrentaría un juicio por su presunto rol en una red de tráfico humano, acusándolo de realizar más de 100 viajes desde Texas a otras ciudades del país y de abusar de mujeres durante los traslados. La fiscalía aún no ha mostrado evidencia concreta.

La investigación contra Ábrego, según los reportes, habría iniciado tras una parada de tránsito en Tennessee en 2022, en la que viajaba con nueve personas en un vehículo. En ese momento solo recibió una advertencia por conducir con licencia vencida y no se presentaron cargos. La acusación formal, presentada el 21 de mayo por un gran jurado, incluye cargos federales y lo vincula a la MS-13.

La defensa y sus familiares niegan categóricamente estas acusaciones. Su abogado principal, Simon Sandoval Moshenberg, calificó los cargos como "completamente inventados" y denunció que el proceso contra Ábrego ha estado plagado de irregularidades. "Esto no es justicia. Esto es un abuso de poder. El debido proceso no comienza después del castigo, comienza antes", afirmó Moshenberg en una rueda de prensa esta semana.

Además, el caso ha generado fricciones dentro del propio sistema judicial. Dos fuentes revelaron a The New York Times que el supervisor de la oficina de fiscales en Nashville renunció recientemente por estar en desacuerdo con el manejo del caso.

Futuro incierto La jueza Holmes escuchará hoy los argumentos de ambas partes para decidir si Ábrego García puede esperar su juicio en libertad. Incluso si se le otorga esa libertad, su futuro es incierto.

Las autoridades migratorias podrían intervenir nuevamente para mantenerlo bajo custodia.

De declararse culpable —algo que su defensa descarta rotundamente— el caso de Ábrego tendría que regresar a una corte de inmigración.

Sus abogados también han solicitado esta semana que una jueza de Maryland sancione al gobierno de Trump por ignorar, durante semanas, las órdenes judiciales que exigían su retorno a EE.UU.

Mientras tanto, Ábrego se prepara para declarar su inocencia ante la corte, en un proceso que se perfila como emblemático sobre los límites del poder estatal y el respeto al debido proceso en tiempos de creciente tensión migratoria.