El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió que su país está involucrado en un "conflicto armado" formal con los carteles de la droga y que los miembros de esos grupos son "combatientes ilegales", según un aviso confidencial que su Administración remitió esta semana al Congreso y que fue divulgado por medios locales.
El documento ofrece una justificación legal para considerar como acciones legítimas —y no como asesinatos— los tres ataques militares ordenados por Trump contra embarcaciones en el mar Caribe el mes pasado, operaciones que dejaron 17 muertos. Al menos dos de esas intervenciones se produjeron contra botes procedentes de Venezuela, añade la notificación.
Especialistas legales consultados por The New York Times afirman que la decisión de reconocer formalmente la campaña contra los carteles como un conflicto armado activo refuerza el uso por parte del Ejecutivo de poderes extraordinarios propios de tiempos de guerra y amplía la justificación para operaciones militares sin las mismas limitaciones del derecho penal ordinario.
La notificación al Congreso precisa que el presdiente "determinó" que los carteles implicados en el tráfico de drogas son "grupos armados no estatales" cuyas acciones "constituyen un ataque armado contra Estados Unidos".
Además, el texto señala: "Con base en los efectos acumulativos de estos actos hostiles contra los ciudadanos e intereses de Estados Unidos y naciones extranjeras amigas, el presidente determinó que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas".
Como parte de la respuesta en la región, Washington desplegó al menos ocho buques de guerra, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear y más de 4,500 soldados, además del envío de cazas F‑35B a Puerto Rico.
El Gobierno estadounidense acusa al gobernante venezolano, Nicolás Maduro, de liderar el llamado Cartel de los Soles —una presunta organización vinculada al narcotráfico que EE. UU. ha señalado como terrorista—, acusación que Caracas rechaza; la medida abre un intenso debate legal y político sobre el alcance de la acción militar y el control del Congreso sobre estas operaciones.
