El gobierno del expresidente Donald Trump recurrió al privilegio de secretos de Estado para evitar divulgar información clave en el caso de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que fue deportado por error y enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador.
La medida fue confirmada por una orden judicial emitida por la jueza federal Paula Xinis, quien pidió a ambas partes —los abogados de Ábrego García y el Departamento de Justicia— entregar antes del lunes sus argumentos legales y fácticos sobre el uso del privilegio, incluyendo una solicitud de los defensores del salvadoreño para que el tribunal revise los documentos reservados.
La jueza también fijó una audiencia para el 16 de mayo en el tribunal de Greenbelt, Maryland. El Departamento de Justicia había adelantado desde abril que invocaría varios privilegios legales, entre ellos el de secretos de Estado, para proteger detalles sobre la expulsión del migrante y supuestos acuerdos con El Salvador sobre el uso del CECOT.
Durante una audiencia anterior, Xinis advirtió a los abogados del gobierno que, en caso de aplicar estos privilegios, debían justificar cada uno de forma detallada. “Deberán demostrar su fundamento legal o serán rechazados”, sentenció la jueza.
En el expediente, se consigna que esta no es la primera vez que la administración Trump recurre a ese privilegio. En un caso similar, usó el mismo argumento para no entregar información sobre deportaciones de venezolanos al mismo penal salvadoreño.
Según los documentos judiciales, Ábrego García debía haber sido protegido de una deportación desde 2019, año en el que se le concedió el estatus legal de “retención de remoción” por riesgo de persecución en su país. Sin embargo, fue trasladado al CECOT en marzo, junto a otros migrantes, debido a lo que autoridades federales calificaron como “un error administrativo”.
La jueza Xinis ya había ordenado al gobierno facilitar su retorno y entregar documentos confidenciales, pero tras incumplimientos reiterados por parte de la administración, incluso los calificó como una “negativa deliberada y de mala fe” a cooperar en el proceso de descubrimiento judicial.
Actualmente, Abrego García se encuentra recluido en una prisión de menor seguridad en Santa Ana. Aunque el gobierno de Trump sostiene que el migrante pertenece a la pandilla MS-13, esa acusación se basa en testimonios de un informante confidencial y no existen cargos penales ni en Estados Unidos ni en El Salvador.
Sus abogados insisten en que Abrego García nunca ha pertenecido a pandillas y piden que se respeten sus derechos legales conforme lo dictaminó la Corte Suprema, que falló a su favor exigiendo que el caso se trate como si nunca hubiera sido deportado.
