El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, enfrenta una nueva acusación por presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral, un hecho que ha intensificado su confrontación con el fiscal general Carlo Díaz y que incluso lo llevó a encabezar una marcha para exigir su salida del cargo.
"Vinimos a cambiar las reglas del juego, a devolverle a usted (al pueblo) una de las tres patas del Estado, se los aseguro con el corazón en la mano y sin temor a las amenazas de Carlo Díaz y las absurdas denuncias que me hace", afirmó el mandatario en su conferencia de prensa semanal este miércoles.
La Fiscalía General presentó el lunes ante la Corte Suprema de Justicia una acusación contra Chaves, el primer vicepresidente Stephan Brunner, el canciller Arnoldo André y cuatro diputados oficialistas: Pilar Cisneros, Luz Mary Alpízar, Paola Nájera y Waldo Agüero. En la solicitud, se pidió levantar el fuero de los involucrados para abrirles juicio.
Según la investigación iniciada en 2022, se habrían utilizado dos estructuras paralelas de financiamiento en la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD): un fideicomiso privado y cuentas bancarias personales a nombre de una mujer de apellido Agüero, quien enfrenta un proceso penal independiente. Ambos mecanismos habrían operado fuera del control del Tribunal Supremo de Elecciones y de la tesorería del partido.
La legislación costarricense prohíbe este tipo de maniobras. El Código Electoral establece que las contribuciones a partidos o campañas deben provenir únicamente de personas físicas nacionales, estar plenamente identificadas y ser canalizadas a través de vías oficiales.
Esta es la segunda vez que la Fiscalía solicita al máximo tribunal el levantamiento del fuero del presidente. En abril, presentó otra acusación contra Chaves por el delito de concusión, relacionado con presuntas contrataciones irregulares de servicios de comunicación financiadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La Corte deberá decidir si remite las acusaciones al Congreso, donde se discutiría el posible levantamiento de la inmunidad presidencial. No se ha establecido un plazo para resolver el asunto.
Durante su administración, Chaves ha mantenido una tensa relación con el Congreso, el Tribunal Supremo de Elecciones y el Poder Judicial, a quienes ha señalado constantemente por presunto sesgo político y falta de eficacia.
El enfrentamiento con el fiscal Díaz ha sido particularmente hostil. En marzo, el mandatario lideró una manifestación contra el funcionario, a quien tildó de "matón de barrio" y "títere". Tras esa marcha, el fiscal denunció un "preocupante ataque a la división de poderes" y señaló que la movilización tenía como trasfondo las investigaciones en curso contra el presidente.
