Cuatro miembros activos de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) fueron condenados a 50 años de cárcel por el asesinato de un militar destacado en la Tercera Brigada de Infantería, hecho ocurrido en la lotificación San Fernando, San Miguel, en julio de 2018.

Los sentenciados son Roberto Carlos Castro Ortiz, alias "Incompleto"; Wílber Josael Herrera Gutiérrez, alias "Efectivo"; José Edwin Guzmán Lemus, alias "El Engañoso"; y Jason Ronaldo Orellana Fuentes, alias "El Inadvertido", todos pertenecientes a la clica Sailors Locos Salvatruchos (SLSW) de la MS-13.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los pandilleros llegaron hasta la vivienda de la víctima y le dispararon múltiples veces, provocándole la muerte en el lugar. En la escena se encontraron aproximadamente 38 casquillos, evidencia que fue clave para sustentar la acusación durante la vista pública. El nombre de la víctima no fue revelado por la Fiscalía.

Orellana Fuentes fue procesado en rebeldía, mientras que los otros tres pandilleros estuvieron presentes en el juicio realizado por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel, que emitió el fallo condenatorio.

Penas de hasta 87 años

En un proceso judicial paralelo, la FGR logró también que otros 15 miembros de la clica Guettos Criminals, del programa Saylor de la MS-13, fueran sentenciados a penas de entre 5 y 87 años de prisión, por su implicación en delitos como extorsión agravada, proposición y conspiración en el delito de homicidio, tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas.

Uno de los cabecillas, Miguel de Jesús Romero, alias "Delincuente", fue condenado en rebeldía a 87 años de cárcel.

Otros pandilleros condenados hasta 87 años de prisión.

Otros pandilleros, como Aníbal Alexander Orellana García, alis "Killer" y Jorge Antonio Cabrera Jiménez, alias "Viejo Iker", fueron sentenciados a 57 años, mientras que Marlon Javier Argueta Mendoza Martínez, alias "Chip" y Franklin Jonathan Tisnado Tisnado recibieron condenas de 47 años.

Estas estructuras delinquían principalmente en los departamentos de San Miguel y Morazán, y entre sus víctimas se encontraba un comerciante que entregó dinero en múltiples ocasiones bajo amenazas de muerte, según confirmó la Fiscalía.