La decisión de la jueza se informó mediante una audiencia de revisión de medidas, donde se ordenó la captura provisional de los abogados, y a su vez enviará oficios a la Interpol para que se emita la difusión roja de captura.
Ivania Cruz y Rudy Joya son acusados por la Fiscalía General de la República (FGR), por los presuntos delitos de agrupaciones ilícitas y comercialización irregular de lotificaciones de la comunidad La Floresta, en San Juan Opico, La Libertad.
Ante la resolución del Tribunal, la abogada Cruz expresó a través de su cuenta de X que se trata de una persecución política en contra de los defensores de derechos humanos.
“Es evidente que no confiamos en un sistema de justicia corrupto al régimen de (Nayib) Bukele. Este día (lunes) nos declaran en rebeldía y emiten alerta roja. Condenamos estás acciones dónde no se garantiza el debido proceso, ni nuestros derechos”.
Ivania Cruz,
Abogada de Unidehc.
Unidehc emitió un comunicado de prensa donde señalaron que el pasado 2 de mayo los abogados enviaron una carta al Tribunal para informarle que el viaje que tenían planeado de regreso no se iba a realizar porque cumplian una agenda internacional, la cual no fue tomada en cuenta por la jueza.
Ante ello, aseguró que el equipo legal de Unidehc junto a los abogados acusados iniciarán acciones legales en contra de las resoluciones emitidas por el Tribunal.
Otros implicados
La Fiscalía acusó a 29 personas, 25 presentes y cuatro en calidad de ausentes, en su mayoría habitantes de la comunidad Hacienda La Floresta, en San Juan Opico, La Libertad de vender lotes a personas de escasos recursos por montos de entre $100 y $200.
En el caso también fue señalado el activista Fidel Zavala, quien presuntamente recibía instrucciones por parte de los abogados y realizaba labores de medición de terrenos para la comercialización ilegal de propiedades que no les pertenecían.
El 14 de marzo de 2025, el mismo Tribunal ordenó para Zavala y otras 23 personas de la comunidad implicadas en el caso a permanecer en detención provisional y a otra más medidas sustitutivas a la detención para una de las procesadas, por estado de embarazo, mientras el caso pasaba a etapa de investigación.
A los imputados se les acusa por los delitos de agrupaciones ilícitas, usurpación de inmueble, ejercicio Ilegal de la profesión, comercialización irregular de lotificaciones y parcelaciones, limitación ilegal a la circulación.