El Juzgado de Sentencia de San Vicente instaló este martes la repetición del juicio en contra de ocho personas de la comunidad de Santa Marta, en Cabañas por el asesinato de una persona durante el conflicto armado.
La apertura del juicio se realizó pese a la incomparecencia de los acusados, a quienes ahora se les procesa en ausencia.
En la diligencia se presentaron los alegatos iniciales y la juramentación de los primeros cuatro testigos de la representación fiscal y defensa, quienes brindarán su testimonio sobre los hechos señalados. Entre los testigos figuran dos hijos de la víctima.
Posteriormente, se pretende la juramentación de un testigo con régimen de protección y el exmagistrado Eugenio Chicas, quién está bajo detención por presunto enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y
de asesinar a una mujer identificada como María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran parte de la Resistencia Nacional.
Por este hecho, la representación fiscal los procesa de los delitos de asesinato y asociaciones ilícitas.
En la primera parte del juicio, la FGR solicitó que se incorporé el delito de privación de libertad, ya que alegan que la víctima fue sacada a la fuerza de su vivienda hasta ser llevada a un campamento donde fue torturada y asesinada 15 días después.
Por otra parte, la defensa solicitó que el exmagistrado Eugenio Chicas, quien figura como testigo de la defensa, acuda al juicio de forma presencial. Sin embargo, la declaración será de forma virtual debido a que la Dirección General de Centros Penales indicó que Chicas ahora está procesado por un delito de crimen organizado.
Ante ello, el exfuncionario no será trasladado al juicio, por lo que brindará su testimonio de forma virtual.
El abogado de la defensa, Pedro Cruz, señaló que en el desarrollo de la audiencia se demostrará que los acusados no estaban en el lugar de los hechos, por lo que no pudieron haber sido responsables del delito.
“Vamos a probar que las personas acusadas en las fechas que ocurrieron los hechos estaban en otro lado, lejos de donde ocurrieron los hechos y por lo tanto no pudieron haber participado”. Pedro Cruz, abogado defensor.La defensa alegó que los acusados estaban en el departamento de Chalatenango y el cerro de Guazapa al momento del supuesto delito, como parte de la preparación de la ofensiva militar, motivo por el que no estuvieron en el cantón de Santa Marta cuando presuntamente cometieron el asesinato.
Además, sostienen que existe un documento donde se comprueba que la víctima falleció el 22 de agosto de 1987, dos años antes del que planteó el Ministerio Público Fiscal en su acusación, y que la víctima era combatiente de la guerrilla.
“Hay documentos que prueban que la señora víctima falleció dos años antes y eso es bien importante para la tesis de la defensa”, agregó el abogado.
Primer juicio
En octubre de 2024, el Tribunal de Sensuntepeque resolvió absolver a los ocho procesados del caso Santa Marta, sin embargo, la Fiscalía apeló dicha resolución y la Cámara de la Segunda Sección de de Cojutepeque ordenó un nuevo juicio.Las organizaciones sostienen que la repetición del juicio se trata de una “nueva fase de persecución” en contra los ambientalistas de Santa Marta.
“Ahora se ha instalado y vemos positivo, sin embargo estamos a la expectativa que con los matices políticos que este caso tiene vaya a ver un fallo desfavorable”, expresó Alfredo Leiva, vocero de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (Ades) de Santa Marta.
A la vista pública se hicieron presentes miembros de la organización en apoyo de los procesados, así como observadores internacionales y representantes de embajadas acreditadas en el país que estuvieron en la sala de audiencia.
El juicio se realiza en el Centro Judicial de Segunda Instancia de San Salvador, luego de haber sido suspendida en cinco ocasiones por la inasistencia de los imputados y el cambio de uno de los jueces.
