El juicio repetido en contra de ocho personas de la comunidad Santa Marta, en Cabañas, tendrá la presencia de observadores y representantes académicos internacionales, informó este lunes la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) Santa Marta en conferencia de prensa.

"Han sido aceptadas algunas solicitudes de algunos gobiernos que van a participar como observadores, estos han sido el Gobierno de Canadá a través de su embajada, también Francia, Alemania, Unión Europea y varios organismos internacionales", declaró Peter Nataren, miembro de la comunidad de Santa Marta.

La organización señaló que también se estima la asistencia de académicos provenientes de universidades de Canadá y Estados Unidos, que tendrán como objetivo vigilar y garantizar la aplicación del debido proceso en un juicio en contra de ocho personas acusadas por el asesinato de una mujer durante el conflicto armado de El Salvador.

"Esto ha sido un esfuerzo muy grande de la comunidad internacional y esperamos que este proceso al tener la vigilancia de la comunidad internacional y de las muchas partes diplomáticas que están interesadas en el proceso sea una garantía que facilite incluso un momento clave a los jueces". Peter Nataren, miembro de la comunidad de Santa Marta.
La repetición del juicio está prevista para desarrollarse del 29 al 31 de julio de 2025, en el Centro Judicial de Segunda Instancia de San Salvador, luego que este fuera reprogramado en cuatro ocasiones diferentes desde el inicio del año, debido a la inasistencia de los acusados y a la petición de cambio del juez Hugo Banzer Flores Alas, por nexos militares durante la guerra de 1980 a 1992.

En la víspera de la vista pública, las organizaciones de derechos humanos exigieron que se absuelva de los cargos a los ocho procesados, ya que sostienen que no existen pruebas que comprueben la existencia del delito por el que se les acusa y del cual fueron absueltos en octubre de 2024.



"La repetición del juicio es en la práctica un doble juzgamiento que transgrede el principio del debido proceso penal según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, por lo tanto, lo menos que puede hacer el Tribunal de Sentencia de San Vicente es ratificar el sobreseimiento definitivo", dijo Alfredo Leiva, vocero de Ades Santa Marta.

En el caso Santa Marta se acusa a Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio de asesinar a una mujer identificada como María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional.

Por otra parte, la asociación recordó que en el proceso se estima la declaración del exmagistrado Eugenio Chicas, como testigo de la defensa, por lo que, esperan que se hayan realizado los oficios correspondientes para facilitar el traslado del exfuncionario, quien actualmente guarda prisión en el Centro Penal de La Occidental, luego que fuera acusado de enriquecimiento ilícito a inicio del año.
"El testimonio de Eugenio Chicas es sumamente importante para la defensa en este caso y a través de los abogados han solicitado al juzgado que compadezca (Eugenio) ante el juzgado y el juzgado a estas alturas ya debió haber ordenado a la policía y a Centros Penales para que sea trasladado al juicio". Alfredo Leiva, vocero de Santa Marta.
Ades Santa Marta aseguró que los procesados recibieron el pasado viernes el citatorio para presentarse ante las instancias judiciales para la instalación del juicio, sin embargo, señalaron que no hay confirmación de los imputados a que asistan al juicio. El pasado 2 de abril, el Tribunal de Sentencia de San Vicente declaró en rebeldía a seis procesados del caso de Santa Marta, esto luego que se agotaran todos los mecanismos de notificación para obtener una respuesta por parte de los acusados.

El 18 de octubre de 2024, el Tribunal de Sensuntepeque resolvió absolver a los ocho procesados del caso Santa Marta, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) apeló dicha resolución y la Cámara de la Segunda Sección de de Cojutepeque ordenó un nuevo juicio.

Las organizaciones sostienen que la repetición del juicio se trata de una “nueva fase de persecución” en contra los ambientalistas de Santa Marta.