Más de 85,900 personas han sido capturadas durante el régimen de excepción, todos señalados de ser “terroristas” por el Gobierno, manifestó el Ministerio de Justicia y Seguridad en una sesión del Consejo de Ministros desarrollada el pasado 25 de abril, al solicitar la 38ª prórroga del régimen de excepción.
Durante el régimen de excepción, iniciado el 27 de marzo de 2022, el gobierno cuenta 890 sin homicidios.
El Ministerio solicitó la prórroga de la suspensión de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 12 inciso segundo, 13 inciso segundo y 24 de la Constitución de la República para “continuar las actividades operativas de seguridad”.
Los derechos suspendidos se refieren al derecho de defensa, el plazo máximo de detención administrativa de 72 horas y la inviolabilidad de la correspondencia y la intervención de las telecomunicaciones.
Para argumentar la necesidad de prorrogar el régimen de excepción, el Ministerio indicó al Consejo de Ministros que aún persisten “grupos terroristas” y que han detectado el “ingreso de menores de edad a las pandillas, a quienes se les ha dado lineamientos de reconfigurar esos grupos delictivos, adoptando niveles y mandos para dirigir los delitos de estos grupos en las calles y estableciendo misiones a sus miembros”.
A ello se suman las capturas de personas en Estados Unidos, México, Panamá y Guatemala con “operaciones articuladas” y trabajo de inteligencia según el Ministerio.
“Las medidas extraordinarias decretadas han tenido un exitoso resultado que ha supuesto la reducción del número de homicidios y la captura de más de 85,900 terroristas, ciertamente es necesario prolongar dicho régimen de excepción... Es necesario contar con los medios que permitan mejorar la capacidad policial y de las instituciones que coadyuvan en las labores de seguridad pública a través del régimen de excepción”, indicó.
El gobierno ya no mencionó la detección de mujeres que habían “adoptado posiciones de mando” en las pandillas según la solicitud de la 37ª prórroga del régimen de excepción. “Es importante destacar que en la actualidad se desarrollan acciones a través de mujeres vinculadas a la organización, quienes han adoptado posiciones de mando, orientadas a darle continuidad al accionar criminal de estas estructuras”, indicaba el documento enviado por el Ministerio de Justicia y Seguridad a la Asamblea.
El régimen de excepción cumplió tres años el 27 de marzo de 2025. Las organizaciones no gubernamentales como Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y la asociación Cristosal registran más de 6,500 denuncias de violaciones a derechos humanos durante la aplicación de la medida de seguridad, como la captura de personas inocentes o de manera arbitraria, la tortura en las cárceles y la muerte de detenidos bajo custodia estatal.
