La organización Lawyers for Lawyers (L4L), con sede en Ámsterdam, Países Bajos, instó este 30 de septiembre al presidente salvadoreño Nayib Bukele a cumplir de inmediato las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de los abogados Ruth Eleonora López y Enrique Anaya, detenidos este año en circunstancias que la entidad califica como represalias por su trabajo.
“Cumplir de manera inmediata y efectiva las medidas cautelares dictadas por la CIDH, garantizando la protección de los derechos a la vida, integridad personal y salud de los abogados López y Anaya. En particular: poner fin de inmediato a la situación de incomunicación prolongada; garantizar su bienestar físico y mental; y asegurar el acceso oportuno a sus representantes legales, familiares y a los tratamientos médicos adecuados”, dice la carta enviada por L4L a Bukele.
La CIDH otorgó las medidas cautelares No. 667-25 y 929-25, el pasado 22 de septiembre, tras determinar que ambos juristas enfrentan una situación de grave riesgo y urgencia, con amenaza de sufrir daños irreparables a su vida, integridad y salud.
L4L señaló que López, directora de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, fue arrestada el 18 de mayo por presunto enriquecimiento ilícito y durante dos días no se supo de ella, un hecho que ha sido tildado como desaparición forzada. Desde julio se encuentra incomunicada en un penal, sin acceso a su defensa ni a familiares.
El abogado constitucionalista Enrique Anaya fue detenido en junio por presunto lavado de activos tras criticar públicamente al Gobierno, también permanece aislado, pese a padecer una enfermedad que requiere tratamiento médico. Su detención ocurrió luego de emitir críticas al gobierno y pronunciarse por la detención de la abogada López.
La fundación recordó que estas detenciones vulneran garantías básicas del debido proceso y parecen responder a represalias contra el ejercicio profesional y la libertad de expresión. Además, subrayó que El Salvador, como Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, está obligado a garantizar derechos fundamentales y a respetar los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados.
En su carta, L4L exigió al Gobierno poner fin a la incomunicación, garantizar el acceso a abogados, familiares y atención médica, cesar la criminalización de la profesión jurídica y respetar plenamente el debido proceso.
La organización —que goza de estatus consultivo especial ante la ONU desde 2013— advirtió que continuará monitoreando la situación de los abogados en El Salvador, mientras la comunidad internacional sigue expresando preocupación por la independencia judicial y el respeto a los derechos humanos en el país.
