El Tribunal Sexto de Sentencia de Salvador suspendió este lunes la revisión de asignación de jueces para el juicio en contra de cuatro exfiscales y dos empleados administrativos de la Fiscalía General de la República (FGR), vinculados al caso “Corruptela”, debido a la falta de un acuerdo escrito por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Fuentes judiciales cercanas al proceso informaron a Diario El Mundo que la revisión del caso fue aplazada debido a que aún están a la espera de que la Secretaría de la Corte envíe el documento oficial que autoriza la conformación del tribunal que conocerá el caso.
En ese sentido, explicó que hasta no recibir dicho acuerdo no se puede establecer una fecha para la instalación de la vista pública, por lo que serán notificados hasta nuevo aviso.
En este caso se procesa a las exfiscales Yesenia Carolina Aguilar y Caroline Janette Nóchez, ambas por los delitos de omisión de investigación y privación de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridades públicas.
Asimismo, a los exfiscales Mauricio Alberto Aguilar por el delito de omisión de investigación y Marta Cecilia Colindres, acusada por el delito de privación de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridades públicas.
A estos se suman, los empleados de la FGR, Edwin Geovanny Hernández por el delito de peculado por culpa y falsedad documental agravada y Damián Cabrera Bernal por el delito de peculado por culpa.
Según la acusación del Ministerio Público, los empleados administrativos acusados de peculado habrían ayudado al exfiscal general, Luis Martínez a que sustrajeron unos $400,000 de la institución, mientras que los exfiscales a realizar una serie de irregularidades en contra de personas que posteriormente fueron judicializadas.
Así mismo, argumentó que hubo omisión al investigar hechos delictivos y archivaron diligencias sobre delitos cometidos, así como fabricar casos con documentos falsos, y les reprochó haber girado órdenes de captura presuntamente ilegales promovidas supuestamente por el empresario Enrique Rais.
Entre las víctimas se señalan a René Alberto Medrano y Mario Ricardo Calderón Castillo, este último pasó 17 meses detenido ilegalmente, tras ser acusado por los exfiscales de extorsión en contra del empresario ligado al caso, Enrique Raís y ahora es querellante en el proceso penal contra el exfiscal general Luis Martínez.
