Hace dos años y medio, Chile y Colombia solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos su opinión sobre las obligaciones de los Estados para enfrentar la emergencia climática. Ello, desde el conjunto de normas que les determinan deberes específicos para garantizar y promover el respeto de la dignidad de las personas y los pueblos; es decir, el derecho internacional de los derechos humanos. El recién pasado 29 de mayo, el tribunal regional publicó su dictamen enmarcando dicha emergencia en la llamada “triple crisis planetaria” que contempla, además, otros dos fenómenos relacionados y retroalimentados todos entre sí: la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Veamos cómo estamos acá en cuanto al tercer asunto.

¿Que debe entenderse por biodiversidad o diversidad biológica? Estos términos se refieren “a la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte”. Eso se lee en el respectivo convenio de las Naciones Unidas, parido en Río de Janeiro en junio de 1992; se trata de “la diversidad dentro de cada especie y entre las especies, así como de los ecosistemas, incluidas las plantas, los animales, las bacterias y los hongos”. 

Hablamos, pues, de la vida en todas sus manifestaciones. Y en nuestro país, esta se encuentra en gravísimo peligro. Por ello, en serio, hablamos además de un verdadero ecocidio. ¡Sí! Ante nuestras narices están destruyendo de forma  inmisericordemente intencional el medio ambiente, pese a ser el salvadoreño uno de los Estados firmantes del citado documento. Detrás de Haití, El Salvador es el territorio más dolido y doliente de nuestro continente en cuanto a la salud de sus bosques; eso ocurre tanto en lo relativo a su degradación como a su deforestación. La primera tiene que ver con reducir su calidad; la segunda, con talar árboles y mochar más vegetación.

No se trata de señalar únicamente a Nayib Bukele en sus dos etapas: la constitucional y la inconstitucional. Los graves daños a nuestro ecosistema se remontan hasta, al menos, los años iniciales de la guerra y la estrategia de “tierra arrasada” impulsada por la dictadura genocida que incluyó bombardeos “normales”, con napalm y con fósforo blanco; esta ocasionó terribles efectos entre la población no combatiente y su entorno. También contribuyeron en menor medida, hay que decirlo, acciones guerrilleras con consecuencias graves en este ámbito. Pero del 2019 a la fecha, la devastación ambiental ha sido más acelerada e imparable.

A los permisos para construir por todos lados, la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) agrega en su balance del 2024 la inseguridad hídrica y alimentaria, el cambio climático, la explotación de manglares y la contaminación de zonas costeras, entre otras burradas. Mención especial merece el haber revivido legalmente la ilegitima extracción minera. Asimismo, Ricardo Navarro, del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), sostuvo que las primeras lluvias de este año provocaron “inundaciones, desbordamientos y caída de árboles” en nuestra comarca; eso ‒señaló el Premio Ambiental Goldman 1995‒ presagia que se nos viene encima “un escenario climático inusual”. Finalmente, Berta Medrano ‒directora de Gaia El Salvador‒ aseguró que estamos en “desventaja”; nuestra vulnerabilidad, advirtió, es “mucho más grave” que en el resto de América. 

Para acabar de joder, con la depredadora ambición urbanizadora para satisfacción de sectores pudientes y la permisibilidad oficialista junto a sus aparatosas megaobras innecesarias como el “estadio chino” ‒ocupando 175 000 metros cuadrados, para un fútbol chambón‒ se están terminando nuestro ya casi esclerótico pulmón capitalino: El Espino. Y hoy resulta que, además, construirán allí el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) que abarcará un terreno de casi 56 000 metros cuadrados, superando los 55 000 del Parque Tepeyac ‒centro comercial ubicado en la Ciudad de México‒ y el área construida de la primera etapa del parque industrial Circunvalación Norte situado en Santiago, República Dominicana, y valorado en 40 millones de dólares.

Pero circula ya la denuncia pública contra el  nuevo CIFCO cuyo proyecto “ha sido aprobado sin consulta ciudadana, sin estudios públicos de impacto ambiental y en completa opacidad”. “El Espino ‒continúa dicha censura‒ es hábitat de especies en riesgo como el torogoz, la ardilla roja, el tacuazín y más de 100 especies de aves y mariposas que contribuyen a la salud del ecosistema. También es fuente de recarga hídrica vital para San Salvador”. Por ello, se exige la suspensión de esa y otras obras “de tala o construcción” así como la consulta a organizaciones ambientalistas, universidades y comunidades. Debe protegerse permanentemente “toda la finca El Espino como reserva ecológica”; seguir acabándosela “es abrir paso a un colapso ambiental y a la pérdida irreversible de biodiversidad”. ¡Avivemos pues!