Me detengo a leer con curiosidad, y algo de extrañeza, un titular de un diario bogotano del pasado 29 de julio, donde la juez Sandra Heredia titular del 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento,  le responde a un periodista, algo así como “…no es posible creer que Uribe no tenía conocimiento de lo que hacía su abogado…”.

Leo de nuevo y sí había leído e interpretado bien. Entonces la primero que se me vine a la cabeza, quizá por ser abogado, y sobre todo por haber tenido  como profesores a los más ilustres juristas venezolanos de aquél entonces, que esa declaración de la juez anulaba el juicio, o en todo caso la apartaba del caso.

Había adelantado opinión del caso antes de sentenciar, y para sentenciar, no se sentencia en lo que el juez cree o presiente sino en lo probado en actas, no se puede condenar a Uribe por complicidad o autoría. Así de sencillo es. Desde el Derecho romano hasta el presente. Lo contrario debe ser como los jueces rusos o venezolanos.

Al día siguiente, Sandra Heredia investida con la toga negra de juez, rodeada de periodistas y curiosos, lee la sentencia en su Tablet electrónica. Tartamudea, se equivoca, se le corre el texto, se detiene, lo vuelve a encontrar y reinicia la lectura de la sentencia en una Tablet que una hoja de papel tamaño oficio.

La juez no es juez, es como militante del petrismo o del “wokismo” que ejerce esa investidura, como igual la hubieren designado a vender pan de bono  en alguna esquina del centro de Bogotá.

Así se pierden las repúblicas, cuando los golpes de estado, no lo hacen los militares, sino los populistas de cualquier signo, como lo hizo Chávez, como lo hace Pedro Sánchez contra España y los españoles. Penetran los poderes del Estado, colocan militantes y no juristas en los juzgados, en la Fiscalía, en la Tesorería; se violenta el principio de la soberanía nacional diluida en la temeridad delictiva y complicidad del ejecutante.

Lo de Colombia es inaceptable, en medio de sus traspiés históricos como buen país hispanohablante, Bolívar en su misiva titulada Contestación de una Americano Meridional a un caballero de esta isla (Carta de Jamaica,1815), ese instrumento epistolar del cual se valió para hacer un análisis antropológico de Hispanoamérica, y las causas de la pérdida de la Segunda República, señalaba a Nueva Granada como el país de las leyes, Ecuador como un convento y a Venezuela como un cuartel.

Y así la hemos tenido siempre, en medio de sus guerras intestinas entre liberales y conservadores del siglo XIX, entre las guerrillas marxistas y el estado democrático en el XX, y ahora entre inadaptados alzados en armas y traficantes de toda especie, el Poder Judicial en Colombia era una virtud republicana como objetivo nacional a alcanzar y sostener. Y observen que no me pronuncio sobre si Uribe tenía o no, conocimiento de lo que su abogado trataba con el detenido para cambiar su versión de los hechos, sino de la acción inaceptable de la juez designada.

La idea es, en general, debilitar las instituciones republicanas y derivar la percepción del electorado hacia una poder central eficiente y cercano a la población, a diferencia de la permeabilidad del resto de los poderes públicos.

En el hecho que nos ocupa, la sentencia fue apelada; pero no es el caso, lo que se debe es anular la sentencia pronunciada  y reabrir el juicio en otro tribunal.

Ahora, de dónde parte esta lacerante realidad que invade como si fuere una variante política del Corona virus,  a las sociedades occidentales tradicionalmente cobijadas bajo diferentes expresiones republicanas, sostenidas en la separación de los poderes públicos, la alternancia en el poder, y la soberanía popular que se expresa mediante el voto, la consulta al soberano.

Este debilitamiento de los poderes públicos republicanos, lo observamos aún en los Estados Unidos, donde una aparente urgencia por corregir desviaciones y entuertos acumulados el Ejecutivo entabla una juego de fuerza con el Poder Judicial. Se habla entonces de “mis jueces”  o de cuántos jueces son demócratas y cuántos republicanos. Lo cual causa desconcierto en la población, en el magisterio judicial y académico. Hasta el presente la tradición republicana  se ha mantenido firme, y la mayoría de los magistrados apegados al espíritu constitucional de pesos y contrapesos.

Se presiente, y en mi caso estoy convencido, que ese debilitamiento del orden republicano democrático enmarcado en lo que se conoce como cultura y valores occidentales, obedece a una estrategia no coordinada en su inicio, pero cada vez más coherente entre sí, que se coordina e identifica en sus objetivos finales.

El estrepitoso fracaso social y económico que significó el establecimiento del comunismo en la extinta Unión Soviética y en sus países satélites, entre ellos Cuba, dejó un vacío alternativo a la economía de mercado y al ejercicio activo de la democracia que no ha  podido ser sustituido por otro, alterno o cercano al original.