El proceso que condujo a la dolarización en El Salvador se originó en enero de 1994 con un memorándum elaborado por el economista Manuel Enrique Hinds al entonces presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Roberto Orellana Milla.



En ese documento, Hinds observaba que, tras liberalizar el mercado cambiario, el tipo de cambio del dólar frente al colón tendía a reducirse, en lugar de aumentar, debido al creciente flujo de remesas enviado por los salvadoreños migrantes.

Esta situación, según él, limitaba no solamente la competitividad de las exportaciones, sino también la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo.



Hinds sostenía que la migración era como una forma de maquila transnacional: los salvadoreños trabajaban en Estados Unidos, consumían allá y enviaban a El Salvador solo una parte de sus ingresos, lo que equivalía al valor agregado que deja una planta maquiladora.

Para proteger esta fuente de divisas y evitar una mayor apreciación del colón, el Estado debía enfocarse en reducir la inflación y bajar las tasas de interés, en lugar de intervenir con devaluaciones nominales.

Aunque respaldaba el régimen de flotación controlada aplicado en ese momento, advertía sobre los riesgos de un mal uso político del BCR.

Por ello, sugería analizar la posibilidad de adoptar un currency board (caja de convertibilidad).

Bajo este régimen, la autoridad monetaria renuncia a la política monetaria activa y emite moneda local solo si cuenta con un respaldo del 100 % en reservas de una divisa extranjera —generalmente fuerte, como el dólar—, a una tasa fija.

En octubre de 1994, Hinds y tres economistas chilenos presentaron una propuesta de política económica que incluía establecer una caja de convertibilidad, eliminar los aranceles para transformar al país en una “zona franca global”, elevar el IVA y aumentar las privatizaciones.

La propuesta fue presentada en una reunión en Washington D.C. ante funcionarios del Banco Mundial, el BID y el FMI.

Sin embargo, recibió más escepticismo que apoyo.

Los expertos señalaron la falta de condiciones institucionales en El Salvador, como una política fiscal robusta, flexibilidad laboral y un sistema financiero adecuadamente regulado, que hacían inviable su implementación sin riesgos severos.

FUSADES, por su parte, solicitó un estudio al economista chileno Pedro Arriagada, quien consideró viable establecer una caja de convertibilidad, siempre que el país alcanzara pronto un equilibrio fiscal.

Recomendaba fijar el tipo de cambio entre ¢9 y ¢10 por cada dólar.

En enero de 1995, Hinds fue nombrado ministro de Hacienda, desde donde tomó el liderazgo político para promover su propuesta.

Sin embargo, la propuesta de establecer una convertibilidad perdió fuerza a medida que se deterioraba la situación económica en Argentina —país que también había adoptado este sistema—.

A ello se sumó que, entre 1995 y 1999, la mora de los bancos en El Salvador se aumentó del 3 % al 7.3 %, mientras que su rentabilidad patrimonial cayó de 25.4 % a apenas 3.6 %.

En este contexto, Hinds abandonó la idea de la caja de convertibilidad y pasó a convertirse en el principal promotor de la dolarización.

Según Hinds, la dolarización eliminaría el riesgo de devaluación, reduciría el riesgo país, controlaría la inflación y bajaría las tasas de interés.

Además, protegería el poder adquisitivo de los salarios, mejoraría la calidad de los créditos, daría seguridad al ahorro, aumentaría la confianza de los inversionistas y generaría un entorno más favorable para las exportaciones, el empleo y el crecimiento económico.

Sus argumentos comenzaron a ganar atención internacional.

En 1999, fue el único centroamericano invitado a exponer en las audiencias del Senado de Estados Unidos sobre dolarización en América Latina.

Entre 1996 y 1999, desarrolló una intensa campaña de promoción que incluyó seminarios, artículos de opinión y conferencias.

Después de terminar su gestión como ministro, en mayo de 1999, continuó trabajando junto al BCR y la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) en promover activamente la iniciativa.

Gracias a sus gestiones, El Salvador fue sede en noviembre de 2000 de la XXXIV Asamblea de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN).

En esa ocasión, el expresidente argentino Carlos Menem aseguró que la dolarización podía reducir el riesgo país entre un 30 % y 50 %, disminuir el costo de los intereses, mejorar el déficit fiscal y generar certeza cambiaria.

Pocas semanas después, se aprobó la Ley de Integración Monetaria, lo que permitió que la dolarización entrara en vigor el 1 de enero de 2001, eliminando definitivamente al colón como moneda nacional.

Hinds y los bancos lograron el verdadero objetivo que perseguían, ya que tras su entrada en vigor se redujeron las tasas de interés y la mora bancaria.

Sin embargo, a 25 años de su adopción, las promesas de un bienestar creciente sustentado en mayores niveles de inversión, empleo, crecimiento económico y mejora de los salarios reales siguen sin cumplirse.

Lejos de ello, la dolarización —promovida como un salto hacia la modernidad— terminó consolidando un modelo económico profundamente dependiente de la migración y las remesas, que hoy enfrenta el riesgo de colapso ante las medidas impulsadas por la Administración Trump.

William Pleites es director de FLACSO El Salvador