El exalcalde municipal de Olocuilta, Marvin Ulises Rodríguez "Álvarez", fue condenado la semana pasada por un Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca a 27 años de cárcel por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y malversación de fondos.



Además, deberá regresar al Estado más de $200 mil, en concepto de responsabilidad civil.

La condena contra el exalcalde, que fungió en el cargo por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), a pocos sorprende pues ya se esperaba, ya que ejerció como jefe edilicio desde mayo de 2006 hasta abril de 2018 y en todo ese tiempo fue evidente el mal manejo de los fondos del erario municipal. En 2006, apenas llegó al cargo lo primero que hizo fue doblarse el salario en relación a lo que ganaba su antecesor.



Ya el 21 de junio de 2019 la Cámara de la Tercera Sección del Centro de San Vicente le impuso al exalcalde, hoy prófugo de la justicia, una condena civil tras encontrarlo responsable de enriquecimiento civil por $249,045.68 dinero que obligadamente debió regresar al Estado en efectivo o bienes decomisados. La Cámara también lo inhabilitó para que en un periodo de diez años pudiera buscar o ejercer cualquier cargo público.

En el juicio del Tribunal de Sentencia también se condenó a 12 años de cárcel al extesorero municipal Edwin Orlando León por peculado, delito que ellos y otras nueve personas (ocho exconcejales y un civil) habrían cometido en el período 2012-2015 cuando con anomalías adquirieron un terreno para construir un parque ecológico y un cementerio municipal. Según la acusación fiscal el ex alcalde Rodríguez y el extesorero León (también prófugo) movieron dinero del desaparecido Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) hacia sus cuentas particulares. Los exconcejales y el civil fueron condenados a tres años de prisión sustituidos por medidas alternas.

Todo acto de corrupción debe perseguirse y aplicarse justicia, sin importar la procedencia o filiación política y partidaria del corrupto. Algunos exalcaldes están presos, otros tienen procesos abiertos, pero muchos llevan una vida cómoda y hay algunos que hasta se mantienen reelegidos en los cargos. Nadie debe escudarse en un partido político o en los cargos para abusar de los intereses ciudadanos. A los cargos públicos se llega a servir, no a servirse de ellos.

Los procesos contra los exalcaldes deben continuar en su debido proceso. La Fiscalía General de la República (FGR) debe proceder con sendas investigaciones en aquellos casos denunciados como es la denuncia contra el exjefe edilicio de Sonsonate, Rafael Edgardo Arévalo a quien el actual concejo de Sonsonate Centro, quien supuestamente compró un camión recolector de la basura con el motor ya fundido (el cual ya tenían en arrendamiento) y habría pagado horas extras no trabajadas y combustible no utilizado.

Igual denuncia ciudadana hay contra el exalcalde destituido de San Salvador Este, José María Chicas, por el mal manejo del refugio de animales en el distrito de Ilopango. La Fiscalía debe tomar cartas e iniciar una investigación por el posible cometimiento del delito de incumplimiento de deberes, maltrato animal y cualquier otro, pues recordemos que Chicas dijo públicamente que la Fiscalía ya había verificado o inspeccionado el refugio animal y que había validado las condiciones del mismo.

Otros exalcaldes y actuales alcaldes también tienen denuncias ciudadanas abiertas por posibles actos de corrupción o por abusos de poder, desde funcionarios que se han aumentado el salario de manera exorbitante hasta aquellos que se aprovechan de su cargo para cometer peculado y perseguir a la población, principalmente a los comerciantes a quienes han duplicado o triplicado los impuestos. En Olocuilta, distrito de La Paz Oeste, por ejemplo, la ciudadanía se siente con ausencia de alcalde porque no tienen obras ni apoyo municipal y porque hay una persecución contra los pequeños comerciantes.

La Fiscalía debe perseguir la corrupción emane de donde emane. Lo del exalcalde de Olocuilta era más que evidente, pero qué pasó con todos aquellos exfuncionarios edilicios que se transfirieron dinero del FODES o aquellos actuales concejales y jefes edilicios que han llenado los puestos públicos con parientes o que se han colocados altos salarios, inclusive superiores a los del Presidente de la República. Hay alcaldías donde los concejales reciben hasta $500 por reunión semanal.

De conocimiento público es sabido que muchos exalcaldes cobraban el famoso "diezmo" es decir el diez por ciento por proyecto que concedían a particulares o empresas. Así, si un proyecto tenía un costo de 100 mil dólares, 10 mil eran para el alcalde y sus concejales y 90 mil los "costos reales". Estos casos deben perseguirse y aplicar justicia con el debido proceso.

Valiéndose de su "autonomía" muchos gobiernos locales hicieron su antojo y muchos lo siguen haciendo. La corrupción a veces es evidente y otras veces hay que descubrirla cuando asoman los indicios. Alcalde y concejales corruptos deben ser enjuiciados y condenados si se les prueba su autoría delictiva.