La política migratoria de la administración de Donald Trumpmarcó un punto de inflexión en la forma en que Estados Unidos aborda la inmigración irregular. La criminalización de los inmigrantes indocumentados, que antes eran considerados infractores civiles, generó un intenso debate sobre la legalidad, la ética y las implicaciones sociales de esta política en los últimos sesenta días en el mundo.



La llegada a El Salvador de 238 convictos al penal de máxima seguridad el CECOT en Tecoluca, San Vicente procedentes de los Estados Unidos de Norteamérica puso a nivel mundial un tema que había sido invisibilizado por la mayoría y es el cambio radical de la política migratoria de la administración Trump, desde mi punto de vista presento a continuación mi análisis sobre el tema, con el objetivo de orientar, formar, despertar el interés para que pueda investigar, y educar desde los aspectos de seguridad nacional de la manera siguiente:

Cambio de paradigma:



• Históricamente, la entrada ilegal a Estados Unidos se consideraba una infracción civil, sujeta a deportación.

• La administración Trump implementó una política de "tolerancia cero" que criminaliza a todos los inmigrantes que ingresaron e ingresen ilegalmente al país, independientemente de sus antecedentes o circunstancias.

• Esta política ha resultado en la separación de familias, la detención masiva y el procesamiento penal de miles de inmigrantes en condición irregular e ilegal.

• Hasta el 19 de enero 2025 las consecuencias eran generalmente, detención, deportación y prohibición de reingreso por un período determinado. En algunos casos, se imponían multas.

• En El Salvador incluso los denominados coyotes fueron vistos como personas de bien, altruistas y a quienes se les pedía apoyo para fiestas patronales o cuando moría alguien que ayudara con los gastos fúnebres.

• Nuestros compatriotas que viven allá desde la década de los sesenta que existe evidencia de la salida de nuestros hermanos, luego durante el conflicto y obligados a salir por amenazas de muerte de las pandillas criminales creímos, pensamos y hasta justificamos que tenían el derecho de irse, buscar seguridad, empleo y lograr el gran sueño americano a pesar de las consecuencias, pero la mayoría lo vio como un derecho y hasta con admiración si “lograba entrar”.

La situación bajo el gobierno actual ha cambiado, incluso del primer mandato de Donald Trump, según el pensamiento, y sobre todo la línea de política exterior y de inmigración pueden cambiar con cada administración, incluso de un periodo a otro con el mismo presidente.

Para el presidente Trump, sus funcionarios cercanos, grupos económicos, de poder, y la ciudadanía que le apoyan en sus primeros dos meses de gobierno que oscilan entre el 48 y 49% del total de encuestados, argumentan que la criminalización de la inmigración irregular era y es necesaria para hacer cumplir la ley y que los infractores sean severamente castigados y según su pensamiento este será un disuasivo para otras personas que lo intenten, de igual forma que era indispensable e impostergable proteger sus fronteras.

Un argumento técnico ha sido que de las personas que se encuentran dentro de los Estados Unidos existen muchos que habían cometido delitos graves en sus países pero que también los han cometido en aquella Nación, que se encuentran agrupados, que pertenecen a estructuras criminales transnacionales por lo que representan una verdadera amenaza a la seguridad nacional y que podría facilitar y propiciar el ingreso de más criminales e incluso de terroristas. Son considerados invasores.

Se argumenta que la inmigración irregular tiene un impacto negativo en la economía de Estados Unidos, ya que los inmigrantes indocumentados compiten por empleos con los trabajadores estadounidenses, y que se hace necesario sostener la criminalización para proteger los empleos de los trabajadores estadounidenses.

Dentro del grupo de 238 convictos que llegaron al penal del CECOT en nuestro país, existen 101 personas que fueron expulsados de Estados Unidos debido a que ingresaron de manera ilegal y no pueden demostrar que disponen de permiso, y esto es delito federal lo cual tiene vigencia de larga data, en especial en Titulo ocho del Código de los Estados Unidos es una parte fundamental de la ley de inmigración de ese país, es una recopilación de leyes que regulan la inmigración y la nacionalidad.

Estas leyes se han ido creando y modificando a lo largo de la historia de Estados Unidos. que ha evolucionado y que sigue siendo la base del sistema de inmigración de Estados Unidos. Este grupo de 101 personas no son miembros de la estructura criminal del Tren de Aragua, pero han cometido delito federal, ellos y todas las personas que han ingresado ilegalmente no importa la nacionalidad de procedencia, pero a partir del 20 de enero del 2025 se inicia una política de “tolerancia cero” la cual no se implementó en el primer mandato Trump.

No existe a la fecha ninguna exclusión que proteja a nadie que se encuentre de manera ilegal en Estados Unidos, ninguna nacionalidad, todo ha cambiado en el actual gobierno, pero le he orientado que siempre ha sido delito federal. Por lo que las deportaciones van a continuar bajo la visión de la amenaza a la seguridad nacional, la cero tolerancia y una de sus principales promesas en la campaña, la prisión es una de las posibilidades como una consecuencia criminal, así como los operativos continuarán, la búsqueda no para.

La seguridad nacional es un concepto amplio que abarca la protección de un país contra una variedad de amenazas, tanto internas como externas son temas estratégicos y de años de formación continua y especializada. Se refiere a la protección de los intereses vitales de un país. Estos son parte de los principios que impulsar el presidente Trump y su gobierno.

Mi compromiso y responsabilidad con usted como lector es de orientar y presentar un análisis que le ayude a estar informado y que pueda usted obtener sus propias conclusiones; la mayoría de mi vida he estudiado e investigado la seguridad nacional, pública y defensa nacional, espero haberlo logrado, bendiciones

*Por Ricardo Sosa, Doctor en Criminología, Experto en Seguridad Nacional