El mundo del trabajo ha experimentado transformaciones profundas en la última década, impulsadas principalmente por los avances tecnológicos, la digitalización y los nuevos modelos de negocio. El Salvador no ha sido ajeno a esta evolución, sin embargo, su marco normativo laboral —en particular el Código de Trabajo— continúa anclado a una realidad del siglo XX, lo que genera una creciente brecha entre la legislación vigente y las necesidades actuales del mercado laboral.
El Código de Trabajo salvadoreño, promulgado en 1972, fue diseñado para regular relaciones laborales tradicionales, centradas en la figura del trabajo subordinado, presencial y permanente. Este enfoque, aunque útil en su momento, se ha vuelto insuficiente para abordar las nuevas formas de empleo que han surgido con el desarrollo de la economía digital, como el teletrabajo, el trabajo por plataformas digitales, los freelancers, o los modelos híbridos de contratación.
Uno de los mayores retos que presenta el actual Código es la falta de regulación clara sobre el trabajo remoto. Aunque durante la pandemia de COVID-19 se aprobó una Ley de Regulación del Teletrabajo, esta sigue siendo limitada y no se encuentra plenamente integrada en el cuerpo normativo laboral. En consecuencia, existen vacíos legales en aspectos como la desconexión digital, la jornada laboral flexible, el derecho a la intimidad del trabajador, y el uso de herramientas tecnológicas proporcionadas por el empleador, por mencionar algunos.
Asimismo, el auge de la automatización y la inteligencia artificial plantea nuevos desafíos. La sustitución parcial o total de tareas humanas por sistemas automatizados está modificando la estructura del empleo en sectores como manufactura, servicios financieros, atención al cliente y logística. Este fenómeno requiere una normativa que facilite la reconversión laboral, incentive la formación continua y proteja a los trabajadores desplazados sin obstaculizar la innovación empresarial.
Además, el trabajo a través de plataformas digitales —como servicios de entrega, transporte o tareas esporádicas— ha dado lugar a una “zona gris” en la legislación laboral. Estas relaciones no encajan fácilmente en las categorías tradicionales de trabajador dependiente o independiente, lo que deja a miles de personas sin cobertura efectiva de derechos laborales básicos como seguridad social, vacaciones, indemnización o protección contra despido arbitrario.
Modernizar el Código de Trabajo no significa eliminar las protecciones existentes, sino adaptarlas a la nueva realidad del empleo. Es necesario un enfoque equilibrado que reconozca los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, ofrezca flexibilidad a las empresas para innovar y competir. Esto implica, entre otras reformas: definir nuevas categorías laborales, regular con mayor precisión el teletrabajo, establecer derechos digitales, promover la capacitación continua y desarrollar mecanismos ágiles de resolución de conflictos.
El contexto internacional también exige cambios. Los tratados de libre comercio, las condiciones para inversiones extranjeras y los compromisos en materia de derechos laborales, exigen un marco normativo moderno, coherente con estándares internacionales y capaz de responder a las exigencias del desarrollo sostenible.
En conclusión, la modernización del Código de Trabajo salvadoreño no puede seguir postergándose. Adaptar la legislación a la realidad del siglo XXI no solo es un imperativo legal, sino también una condición necesaria para fomentar un entorno laboral más justo, competitivo e inclusivo. El reto es grande, pero ineludible: un nuevo marco laboral que refleje la complejidad, flexibilidad y diversidad del trabajo en la era digital.
• Jaime Solís. experto en Derecho Laboral, BDS Asesores
