Aunque mucha gente opina que el plan de gobierno de la administración Trump carece de una visión articulada, en realidad sus políticas se sustentan en un marco lógico coherente que responde a una interpretación específica de la élite que gobierna sobre los problemas estructurales que afectan a Estados Unidos.



En el ámbito económico, el principal problema identificado es que, desde 1975, Estados Unidos registra un alto déficit comercial, lo que la administración interpreta como evidencia del deterioro de la manufactura y de la pérdida de competitividad nacional.

Esta preocupación se complementa con la inquietud por la seguridad nacional y la transformación social. La proyección de que, para 2045, la población blanca no hispana será inferior al 50 % ha despertado el temor a una pérdida de identidad cultural y a un debilitamiento de la cohesión social. Además, se percibe una burocracia federal excesivamente grande e ineficiente, en la que numerosas agencias operan de forma independiente, lo que obstaculiza la implementación de una agenda coherente. En respuesta, la administración se ha propuesto reducir la influencia de organismos autónomos y reestructurar el aparato estatal para lograr una gestión más eficaz.



Otro pilar fundamental de la estrategia es el refuerzo de la seguridad en la frontera sur. La administración Trump sostiene que la política migratoria de gobiernos anteriores dejaba a Estados Unidos vulnerable ante el flujo de inmigrantes irregulares, lo cual, en su visión, incrementaba la criminalidad y alimentaba crisis específicas, como la del fentanilo. Para contrarrestar esta amenaza, se ha planteado la reanudación de la construcción del muro en la frontera con México y el endurecimiento de las políticas migratorias, con especial énfasis en la deportación de inmigrantes indocumentados.

En materia de políticas ambientales y energéticas, la administración argumenta que las regulaciones climáticas impuestas por gobiernos anteriores han limitado la producción energética y, en consecuencia, obstaculizado el crecimiento económico. Desde este punto de vista, dichas normativas se consideran un impedimento para alcanzar la independencia energética y fomentar el desarrollo industrial. En línea con esta visión, se han promovido acciones como la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, la reducción de subsidios para vehículos eléctricos y el impulso a la producción de combustibles fósiles, junto con la revocación de diversos mandatos ambientales.

La estrategia de Trump también abarca un replanteamiento en el ámbito de la educación y la cultura. La administración critica fuertemente al Departamento de Educación, argumentando que la imposición de estándares nacionales limita la autonomía de los estados y de las familias, y que promueve ideologías contrarias a los valores tradicionales. Asimismo, se cuestionan las políticas de diversidad, equidad e inclusión, así como las iniciativas relacionadas con los derechos reproductivos y la identidad de género. La eliminación de programas que fomentan la diversidad y la reinstauración de restricciones sobre ciertos derechos se presentan, en este contexto, como medidas necesarias para preservar lo que consideran como el núcleo cultural y social del país.

Ante estos desafíos, la administración Trump ha definido tres objetivos fundamentales: fortalecer la economía estadounidense, reforzar la seguridad nacional y recuperar el liderazgo global. Para alcanzarlos, se han establecido pilares estratégicos en cada área. En el ámbito económico, se está apostando por políticas proteccionistas, la reducción de impuestos y estímulos para la reindustrialización y el fortalecimiento del sector energético. En seguridad y migración, se está optando por medidas estrictas de control fronterizo y una política de deportación rigurosa. Además, en el terreno de las relaciones internacionales se impulsa la revisión de acuerdos comerciales y alianzas globales, priorizando los intereses estadounidenses.

Para materializar este ambicioso plan ya se adoptaron medidas concretas, entre las que se destaca la reestructuración del gobierno federal. Se firmaron numerosos decretos presidenciales que están llevando al desmantelamiento de instituciones como el Departamento de Educación, la USAID y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. También se han reformado los Departamentos de Estado y de Justicia, y se ha creado el Departamento de Eficiencia Gubernamental, cuyo objetivo es reducir el tamaño del aparato estatal mediante una política restrictiva de contratación.

En conclusión, es imperativo que gobernantes, políticos, empresarios, líderes sociales y académicos de países como el nuestro asuman el reto de interpretar adecuadamente estos cambios. Las dinámicas analizadas, lejos de ser respuestas aisladas a problemas internos, forman parte de un proceso mundial que transformará profundamente la forma en que se concibe el desarrollo, la seguridad y la identidad.

• William Pleites es director de FLACSO El Salvador