“El sistema de gobierno más perfecto, es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de felicidad social, y la mayor suma de estabilidad política”, afirmaba Simón Bolívar en su discurso ante el Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819, que fuere publicado cinco días después por el Correo del Orinoco, periódico fundado por el mismo Bolívar en 1818.
Tal como en su Carta de Jamaica de 1815, Bolívar al presentar su proyecto de Constitución para ser evaluado por el Congreso allí reunido, hizo una interpretación antropológica sobre las diferencias conceptuales político-sociales entre el hombre hispanoamericano, el europeo y el americano del norte. Entre ellas las que se plasman en los proyectos políticos de cada una de las tres realidades culturales.
Rechazó, en consecuencia, tanto las monarquías europeas como el modelo federal estadounidense adoptada en 1787, para ser copiadas en los textos legales hispanoamericanos (él nos denominó “Americanos por nacimientos y Europeos por derecho. Más bien un compuesto de Africa y América, que emanación de Europa”) pero al propio tiempo advierte que: “Solo la Democracia, en mi concepto, es susceptible de una absoluta libertad”. Y, para citarse con Montesquieu en el Espíritu de las Leyes, “estas deben ser propias para el pueblo que se hacen”…he aquí el Código que debemos consultar, y no el de Washington”.
Su punto fue que cada región, cada país debe darse el cuerpo de leyes que les rija según su realidad cultural, geográfica, económica y antropológica. Esa es la síntesis de su discurso, dado que los legisladores venezolanos se inclinaban por un sistema federal al estilo de la América del norte, más teórica que apegados a la realidad del combate por la independencia.
Por ello su proyecto de constitución no se sustentó en los dogmatismos de aquél entonces, sino en la realidad cultural o antropológica de la América hispana, diferente a la europea monárquica y a la americana federada anglosajona del norte. En lo que no vacila Bolívar es en que la Democracia es consubstancial con la libertad, y en el concepto de la soberanía popular, que legitima el mandato del poder público.
Ya retomando el siglo XXI y la realidad de nuestra América, observamos que es obvio que nos hemos organizado en repúblicas y no en monarquías. Aunque existen monarquías constitucionales, como la española o la británica, por ejemplo. En ellas la soberanía reside en el pueblo, en el electorado. Son monarquías constitucionales, donde el reinado representa la unidad nacional, bajo la figura de Jefe de Estado, como lo fue la Reina Elizabeth en el Reino Unido, o el actual Rey Felipe VI en España.
Son todas monarquías constitucionales, donde el gobierno real del país lo ejerce un Presidente o Primer Ministro, según el caso. En el primero, Felipe González fue elegido Presidente del gobierno español por las Cortes de España (el Congreso bicameral), o por un Primer Ministro en el Reino Unido, nominado por la Cámara de los Comunes del Parlamento Inglés.
En definitiva son democracias tal como la entendemos, porque es el pueblo, el elector quién elige a sus representantes, y estos, a su vez, al Primer Ministro o Presidente del Gobierno. Es en realidad una elección en segundo grado, pero se hace en nombre del soberano que es el ciudadano, el elector. Son democracias en definitiva. A diferencia del reinado de Arabia Saudita, por ejemplo, cuyo rey no es nominado ni seleccionado por los ciudadanos sino que es una dinastía reinante, no elegida por el pueblo ni limitado su poder por lapsos de tiempo.
En fin, es otro tema, pero viene al caso porque lo que nos identifica como democracia es el ejercicio de la soberanía nacional, que reposa no en un territorio donde la ejerce, o en un parlamento o Asamblea Nacional, sino en el pueblo, en el ciudadano, en el elector.
Y cómo se evidencia y ejerce esa soberanía, pues bajo la única forma conocida posible, mediante el voto. El elector, el ciudadano elige a sus representantes, al Poder Legislativo, y directamente a su Presidente; delega su poder, su soberanía, por razones prácticas de conducción de la cosa pública a través del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo; normalmente el judicial es elegido en segundo grado, desde el Poder Legislativo
El ciudadano, el elector, es el mandante; por eso al Presidente se le llama igualmente Primer Mandatario, para que ejecute un plan de convivencia nacional que fue consultado y el elector decidió otorgárselo.
Al finalizar el lapso acordado para ejecutar ese mandato (previsto en la Constitución respectiva), se regresa a una nueva consulta popular, para que el soberano decida renovarle su confianza o no. Esta puesta en escena viene al caso porque a raíz de la última reforma constitucional realizada por la Asamblea Nacional de El Salvador, en la cual se extiende el periodo presidencial de cinco a seis años, y permite el ejercicio de dos períodos consecutivos se pasa a la reelección indefinida, hasta que el elector decida retirarle su confianza.
La otra reforma importante fue el retiro de El Salvador del Parlamento Centroamericano. Este Parlamento regional nació como una iniciativa del Grupo de Contadora (México, Venezuela, Colombia y Panamá) surgido a raíz de las diferentes guerras internas de Centroamérica, en particular, las de Nicaragua, Guatemala y El Salvador, que contó con el apoyo de la Comunidad Europea, como un instrumento de encuentro, diálogo, paz y desarrollo regional en democracia.
Se instaló formalmente en la ciudad de Guatemala en 1991, con la totalidad de los países centroamericanos, incluyendo a Panamá y teniendo posteriormente como miembro observador a la República Dominicana. Fue una época de esperanza, democratización, y de retiro a los cuarteles de los fuerzas armadas.
No obstante, con el tiempo, la elección de diputados al Parlacen, se fue convirtiendo en una satisfacción de compensaciones políticas, más que de posturas y decisiones regionales convenientes para la región, por lo que ha venido perdiendo el empuje inicial y los objetivos para el cual fue creado.
Resulta sí una carga económica burocrática para los centroamericanos, un nuevo foro de diálogos y buenas intenciones. Solo baste observar el panorama regional, Nicaragua es una dictadura abierta, Honduras está asociada al régimen venezolano, declarado hoy su presidente como piedra angular del narcoterrorismo regional, Guatemala, controlado por sectores económicos comprometidos en la corrupción administrativa que impiden la reforma del estado, Panamá deseosa de salirse de ese compromiso, pero una antigua decisión del Supremo Tribunal se lo impide, y El Salvador que acaba de substraerse de ese compromiso que quizás cumplió su cometido inicial, pero que hoy aparece deslucido y costoso para los respectivos presupuestos.
La reforma constitucional que acaba de hacer la Asamblea Nacional de El Salvador contó con el voto afirmativo de 57 de los 60 miembros que la integran. Esto es, prácticamente la totalidad de la Asamblea Nacional, elegida libremente por el elector, el soberano, el mandante. No hay duda alguna de ello.
Por su parte, el Presidente Bukele fue votado en 2019 por amplia mayoría, sacó más votos que Arena y el Frente Farabundo Martí juntos, y más votos que todos los candidatos de todos los partidos nacionales que compitieron. En el 2024, prácticamente corrió solo pues obtuvo el 84.7% de los votos electorales, seguido por el candidato del FMLN “El chino” Flores con el 6.35% y en tercer lugar, Joel H. Sánchez Maldonado de ARENA con el 4.7% de los votos. Se podría analizar las causas de este fenómeno electoral que irrumpió con fuerza indiscutible en El Salvador, pero no alcanza para este comprimido análisis.
Recientemente un amigo me acotaba que en general, la expectativa de la oferta de la democracia defraudó al electorado hispanoamericano que, a partir de la década de los sesenta y setenta, constituyó una expectativa de paz y progreso individual y nacional, que ahora busca o intenta nuevas formas de satisfacer esas necesidades, quizás más apegadas a las realidades visualizadas por El Libertador, en cuanto a que no somos Europeos ni Americanos del Norte. Es para profundizar, pero no es el objetivo de este escrito.
Lo cierto es que con estas reformas constitucionales introducidas por el parlamento salvadoreño, se abre a la posibilidad de una nueva reelección para el actual presidente salvadoreño Nayib Bukele Ortez, (nacido en 1981), si el electorado le reitera su confianza.
He leído y oído infinidad de análisis, unos más profundos que otros, que señalan a Bukele como un nuevo dictador; que la reelección indefinida es un retroceso y conduce a la dictadura, que no es conveniente en ningún caso, la reelección; y otras observaciones semejantes. Todas ellas me llevaron a reflexionar sobre el alcance de estas opiniones, prejuiciadas o no.
Me paseo por algunos mandatarios conocidos y estimados y me topo por ejemplo con la figura presidencial de Felipe González de España, reelegido tres veces consecutivas, y quien no quizo aceptar una cuarta, porque estaba cansado, según dijo. Y Felipe González llevó a España a la Unión Europea, a la OTAN, hizo la reconversión industrial, y en el primer Congreso del Partido Socialista siendo Presidente, logró que los asambleístas retiraran de sus estatutos, el carácter marxista del PSOE.
Margareth Thatcher “La Dama de hierro”, gobernó el Reino Unidos entre 1979 y 1990, y no ha sido superada en sus éxitos económicos y control social. Helmut Kohl fue Primer Ministro de la Confederación alemana entre 1969 hasta 1976 y Canciller de la Federación Alemana entre 1982 al 1988; fue el responsable del éxito económico de la Alemania de post Guerra, y de la unificación de las dos Alemanias.
Por ello, me animé a preguntarles si la no conveniencia de la reelección en la América hispana se debía a razones meramente étnicas. Y luego sobre sus conceptos de soberanía en democracia; además, sobre cuál era la razón conceptual del por qué la elección indefinida para legisladores o concejales no era objetable, pero sí la presidencial. En realidad, es el soberano quien decide, no los prejuicios bien o mal fundamentados.
Si la nación salvadoreña valora que está siendo dignificada, alentada a respetar el orden jurídico, a recibir una educación formal conforme a los tiempos que corren, la libertad de circular libremente por el territorio nacional sin miedo, con seguridad, y que hay trazado un objetivo nacional incluyente, pues es el soberano el que decide quien debe ser su mandatario, cómo ejecuta ese mandato y cuanto tiempo le otorga. Claro, hablamos de procesos electorales transparentes y, hasta el presente, ni ahora con Bukele ni antes con Arena o el FMLN, se ha gritado ¡fraude!.
Lo que suceda en el futuro, no es caso hacer predicciones, ya la nación, los electores, dirán cómo y qué hacer en caso de insatisfacción. Hay que respetar la voluntad popular, no los prejuicios, premoniciones o deseos individuales los que decidan. Mientras, apuesto por el ejercicio pleno de la democracia, como la entendió Bolívar y, por la libertad y prosperidad del pueblo salvadoreño, se lo merece.
*Juan José Monsant Aristimuño es un exdiplomático venezolano, fue embajador de Venezuela en El Salvador