Esta semana publicábamos un reportaje de la Agencia France Presse sobre el resurgimiento de La Campanera, una otrora peligrosa barriada del municipio de Soyapango que se volvió un sinónimo de maras, pandillas, extorsiones y asesinatos.

Los testimonios recogidos muestran cómo la población se siente liberada tras más de dos décadas de ser rehenes de las pandillas, que ocupaban las viviendas y obligaron a docenas de familias a huir, perdiendo sus bienes. La recuperación de la seguridad pública ha permitido.el regreso de muchos de ellos y además, la posibilidad de que otras familias encuentren ahí una opción para vivir.

Este fenómeno está ocurriendo también en otras comunidades del país donde antes simplemente era imposible vivir porque las maras habían impuesto su ley y asesinaban, robaban, extorsionaba y violaban a su antojo. Ese cambio se nota por igual en zonas urbanas y rurales.

Casi al mismo tiempo que se publicaba este reportaje, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendaba derogar el régimen de excepción, restableciendo los derechos y garantías suspendidos por el decreto 333 de marzo de 2022 que ha sido prorrogado 30 veces, así como retirar gradualmente las fuerzas militares de tareas de seguridad ciudadana.

Es muy fácilmente verlo desde afuera y teorizar sobre una situación ideal, pero desgraciadamente el régimen de excepción fue la ruta que permitió que comunidades como La Campanera recuperaran su paz, su tranquilidad y acabaran con la presencia de las pandillas.

Ciertamente algún día tenemos que volver a vivir sin régimen de excepción pero la mera condena de esta medida, sin proponer soluciones ni entender plenamente de dónde venimos, no parece acertada.