El gobierno de Daniel Ortega "está atacando de manera sistemática el sector universitario" en Nicaragua con una "campaña represiva" destinada a silenciar las voces críticas, denunció este viernes un Grupo de Expertos de Naciones Unidas.
"El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua ha documentado amplias violaciones de derechos humanos contra estudiantes, docentes y demás personal universitario" con la intención de "suprimir la disidencia y la libertad de expresión", señala el informe publicado por la ONU.
Estudiantes y profesores han sufrido "violencia física y psicológica, incluidas amenazas, intimidación, golpes y aislamiento prolongado" desde las protestas antigubernamentales de 2018, que dejaron al menos 300 muertos, según la ONU.
El sector universitario fue entonces el principal promotor de las manifestaciones que se prolongaron por varios meses, y que Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, consideran un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos.
Desde entonces, el gobierno nicaragüense "ha atacado directamente a las universidades como parte de una campaña represiva generalizada, eliminando su autonomía y convirtiéndolas en centros de control político", señaló el presidente del Grupo de Expertos, Jan Simon, en el comunicado.
El informe del Grupo destaca la "expulsión arbitraria de estudiantes y profesores críticos con las autoridades".
Además, el informe menciona el "cierre de múltiples universidades" y en las que siguen abiertas "el gobierno ha instituido medidas de control político, imponiendo restricciones a la libertad académica y de investigación y limitando el acceso a la educación" de críticos o disidentes.
En agosto de 2023, el gobierno de Ortega confiscó la Universidad Centroamericana (UCA), perteneciente a la Compañía de Jesús, cuyos estudiantes fueron los más combativos durante las protestas de 2018. Fue acusada de ser un "centro de terrorismo" y en su campus ahora funciona una universidad pública.
El Grupo de Expertos pidió una "acción internacional para proteger la integridad" de estudiantes, docentes y profesionales del sector ante este "patrón de violencia y represión diseñado para sofocar" la crítica contra el gobierno.
Este panel es un órgano independiente con mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, creado en marzo de 2022.