Un juez federal de Estados Unidos ordenó este miércoles la liberación de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que fue enviado por error a la cárcel de máxima seguridad CECOT en El Salvador, y prohibió que las autoridades migratorias lo detengan de inmediato tras su excarcelación.
Ábrego García, residente legal en Maryland desde hace más de una década, fue repatriado a EE.UU. en junio de 2025 tras permanecer varios meses encarcelado en El Salvador.
El salvadoreño fue uno de los más de 200 migrantes deportados sin derecho a audiencia bajo el plan de expulsiones masivas impulsado por el presidente Donald Trump. Su caso se convirtió en un símbolo de los abusos denunciados por organizaciones de derechos humanos.
El juez Waverly Crenshaw, del estado de Tennessee, determinó que el gobierno federal no demostró que Ábrego represente un “peligro para la comunidad” y ordenó su liberación. No obstante, una corte superior accedió a una solicitud de su defensa para aplazar su salida por 30 días, ante el riesgo de una deportación inmediata.
En paralelo, la jueza Paula Xinis, en Maryland, dictó otra resolución que obliga al gobierno estadounidense a trasladar a Ábrego de vuelta a su residencia y notificarse con 72 horas de anticipación en caso de intentar deportarlo nuevamente.
“Comparto la preocupación de que el Gobierno pueda deportarlo una vez más sin el debido proceso”, advirtió la jueza Xinis en su resolución.
Ábrego fue detenido en marzo y enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), a pesar de contar con un estatus migratorio que le brindaba protección contra la deportación. Según su defensa, el salvadoreño huyó de su país hace más de una década tras recibir amenazas y extorsiones por parte de la pandilla Barrio 18.
En respuesta a las críticas, el Gobierno estadounidense intentó vincularlo con la pandilla MS-13, pese a que no existían cargos en su contra en ese momento. Posteriormente, fue trasladado a Tennessee para enfrentar acusaciones por presuntamente transportar a personas indocumentadas, aunque su defensa sostiene que estas acusaciones buscan justificar su expulsión ilegal.
El caso de Ábrego ha generado una ola de reacciones por parte de defensores de derechos humanos, quienes califican este tipo de acciones como una forma de “desaparición forzada”, sin acceso a defensa legal y en violación del debido proceso migratorio.
