Un proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de México propone anular la elección popular de cientos de jueces y magistrados, al revisar la constitucionalidad de una polémica reforma judicial que el oficialismo aprobó en el Congreso en septiembre.

El documento ,que será discutido por el pleno de la Suprema Corte en los próximos días-, responde a acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la oposición tras la aprobación de la reforma.

El documento, a cargo del magistrado Juan Luis González Alcántara, señala que "no existe certeza para la ciudadanía sobre los perfiles que se le presentarán" en la elección popular de jueces y ministros ni "garantías para que se emita un voto informado".

Añade que tampoco hay certeza para los aspirantes a esos cargos sobre las cualidades definitorias necesarias para ser incluidos en las listas de votación.

En el documento, González Alcántara evitó pronunciarse sobre la elección popular de los propios integrantes de la Suprema Corte de Justicia, por lo que esta parte de la reforma se mantendría en pie, según la prensa mexicana.

La reforma judicial, aprobada por el partido oficialista Morena y sus aliados en el Congreso, plantea principalmente la elección popular de unos 1,700 jueces y magistrados, incluidos los integrantes del tribunal supremo.

En una primera jornada el 1 de junio del próximo año, los mexicanos tendrán que elegir a más de 800 jueces, mientras que en 2027, a la par de las elecciones federales intermedias, votarán por la otra mitad de los magistrados.

El hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador planteó la reforma al acusar de corrupción al Poder Judicial y afirmar que estaba al servicio de las élites económicas y políticas.

Durante su mandato, el exmandatario fustigó constantemente a la Suprema Corte, que bloqueó algunas de sus políticas en áreas como energía y seguridad.

La reforma generó protestas y la huelga de cientos de trabajadores de la rama judicial que aseguran que sus derechos laborales están siendo vulnerados.

También provocó reclamos de Estados Unidos y Canadá, socios comerciales de México en el acuerdo T-MEC, que manifestaron su preocupación por el impacto a la relación económica.