Tres salvadoreños residentes en Orlando, Florida, fueron condenados por conspirar para cometer fraude fiscal y fraude electrónico en un esquema de más de $146 millones en la industria de la construcción, según informó la Fiscalía del Distrito Medio de Florida. La sentencia fue dictada por el juez federal Timothy J. Corrigan este martes 29 de julio.
Eduardo Aníbal Escobar (45 años) fue condenado a 4 años y 9 meses de prisión, Carlos Alberto Rodríguez (36 años)a 3 años y 4 meses, y Adelmy Tejada (57 años) a 18 meses en prisión, seguidos de 6 meses en arresto domiciliario. Todos se declararon culpables el 3 de abril de 2025.
Además de las penas de cárcel, la corte ordenó el pago de $36,957,616 en restitución al IRS por impuestos sobre nómina no pagados, y $397,895 a dos aseguradoras por reclamaciones de compensación laboral derivadas del esquema.
Escobar y Rodríguez son residentes legales permanentes originarios de El Salvador, mientras que Tejada es ciudadana estadounidense naturalizada, también salvadoreña de origen.
Según los documentos judiciales, entre enero de 2015 y agosto de 2024, los acusados dirigieron una operación ilegal que permitía pagar a trabajadores de construcción fuera de nómina, con el fin de evadir impuestos federales y evitar el pago de primas de seguro de compensación laboral. Además, facilitaron la contratación de migrantes sin autorización legal para trabajar en Estados Unidos.
Mediante sus empresas, T. Escobar Construction y C. Escobar Construction, los imputados firmaron acuerdos con cientos de subcontratistas de construcción. A cambio de una comisión del 6 al 8 % de la nómina, emitían certificados de seguro a nombre de sus empresas para que los subcontratistas pudieran obtener contratos aparentando cumplir con los requisitos legales.
Sin embargo, las pólizas de seguro contratadas por los acusados solo cubrían a un puñado de empleados y una nómina mínima. Esta falsedad llevó a que las aseguradoras cubrieran sin saberlo a cientos de trabajadores no registrados.
Las investigaciones revelaron que más de $146 millones en cheques de nómina fueron depositados en cuentas bancarias de las empresas, desde donde retiraban el dinero en efectivo para pagar a los trabajadores, sin reportar ni retener impuestos al IRS. Esto resultó en una pérdida de más de $36 millones para el Tesoro de EE.UU.
“El caso demuestra cómo las agencias estatales y federales pueden trabajar juntas para desmantelar esquemas financieros ilegales que afectan a trabajadores y al fisco,” dijo Ron Loecker, agente especial a cargo de la oficina de Investigación Criminal del IRS en Tampa.
Por su parte, Tim Hemker, de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), advirtió que “estas prácticas ilegales distorsionan la competencia en la industria de la construcción y terminan afectando al consumidor.”
La investigación continúa y forma parte de una operación federal para detectar empresas fantasma y empleados “fantasma” en el sector construcción. El caso fue llevado por el fiscal Arnold B. Corsmeier y la fiscal Jennifer M. Harrington está a cargo de la confiscación de activos.
