La campaña opositora fue liderada por María Corina Machado, dirigente de Vente Venezuela, quien, pese a su inhabilitación política, respaldó a González Urrutia tras varios intentos fallidos de inscribir a otros candidatos, como la historiadora Corina Yoris.
Tras obtener más del 90 % de los votos en las primarias opositoras de octubre de 2023, Machado fue apartada por una resolución de la Contraloría General que le prohibió ejercer cargos públicos hasta 2036. En marzo de 2024, intentó postular a Corina Yoris, pero el sistema del CNE impidió su inscripción, lo que fue denunciado como una maniobra del oficialismo.
Finalmente, la tarjeta del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) fue utilizada para inscribir a Edmundo González Urrutia, un exembajador hasta entonces poco conocido en el ámbito político, quien asumió la candidatura con el respaldo de Machado y de toda la coalición opositora.
Durante la campaña, la oposición enfrentó detenciones arbitrarias, cierre de locales comerciales, y una absoluta ausencia de cobertura en medios públicos, contrastando con la intensa exposición de Maduro en actos transmitidos por el Estado.
Aun así, la ciudadanía mostró apoyo masivo en concentraciones y redes sociales, en lo que Machado describió como una campaña “histórica”, impulsada boca a boca y por canales alternativos.
Resultados impugnados y actas en disputa
El presidente del CNE, Elvis Amoroso, proclamó a Maduro ganador con el 80 % de los votos, pero la PUD desconoció el resultado y denunció múltiples irregularidades, incluyendo la falta de entrega de actas en más del 80 % de los centros de votación.En respuesta, la oposición publicó una base de datos de actas que atribuían la victoria a González Urrutia, lo que fue respaldado por más de 10 países, entre ellos Estados Unidos y Argentina, pero rechazado por el gobierno de Maduro, que las calificó como “falsas”.
Tras los comicios, se registraron protestas que dejaron 28 muertos y más de 2,400 detenidos, de los cuales la mayoría fue excarcelada. La Fiscalía los acusó de formar parte del supuesto “comando terrorista” opositor.
Pese a los intentos del Ejecutivo por validar los resultados, organismos internacionales como el Centro Carter y un panel de expertos de la ONU coincidieron en que las elecciones carecieron de transparencia y no fueron democráticas, al señalar la ausencia de garantías mínimas. Estos pronunciamientos fueron tajantemente rechazados por el oficialismo.
A un año del proceso electoral, Venezuela sigue bajo un clima de polarización, con la oposición venezolana clamando por justicia y transparencia, mientras el gobierno mantiene su legitimidad con respaldo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
