“A través de la presente informamos que hemos decidido no presentarnos a seguir el juego de los magistrados de Cámara de Cojutepeque y el Gobierno, de la manipulación de este caso, ya que no existe garantía de un juicio justo y legal, y exponernos a una decisión política arriesgando nuestras vidas”, dice la misiva que fue leída en conferencia de prensa, este lunes, frente al Centro Judicial de Ciudad Delgado, donde fue programada la audiencia de vista pública.
Los ocho acusados del asesinato son:
- Fidel Dolores Recinos Alas
- Saúl Agustín Rivas Ortega
- Teodoro Antonio Pacheco
- Miguel Ángel Gámez
- Pedro Antonio Rivas Laínez
- Alejandro Laínez García
- José Eduardo Sancho Castañeda
- Arturo Serrano Ascencio
Sin embargo, solo los primeros cinco enfrentaron el juicio anterior de forma presencial y estuvieron detenidos.
En el comunicado que enviaron aseguran que no presentarse al juicio es “una acción de resistencia contra los abusos y arbitrariedad judicial”.
“Consideramos que ya fuimos procesados y nos sometimos hasta llegar ala vista pública, donde fuimos puestos en libertad por el tribunal de Sentencia de Sensuntepeque”, ante ello, aseguran que decidieron resguardarse.
El comunicado añade que en diciembre tuvieron información que la Fiscalía General de la República trabajaba “en el montaje de un nuevo caso” donde se pretendían que personas de la comunidad de Santa Marta sirvieran “de testigos”, “para lo cual tienen un listado de posibles líderes a capturar entre los cuales estamos nosotros”, aseguran.
Hace unas semanas, la comunidad de Santa Marta denunció la militarización del lugar y denunciaron que temían nuevas capturas en la antesala del juicio.
Los cinco ambientalistas afirman que desde que el caso inició advirtieron que el trasfondo era la reactivación de la minería metálica, misma que fue confirmada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele en noviembre de 2024, y que su Asamblea Legislativa aprobó el 23 de diciembre, sin discusión.
“El verdadero delito nuestro es oponernos a la contaminación y destrucción ambiental de los proyectos mineros que amenazan el agua, la salud y la vida de la población del departamento de Cabañas y de todo el país”, acotan los acusados.
En octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque desarrolló el juicio contra ocho personas por el delito de homicidio en perjuicio de una mujer identificada como María Inés Alvarenga asesinada el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional.
La Fiscalía sostenía que los acusados, exguerrilleros del FMLN, sacaron a la mujer de su casa y la llevaron al campamento para torturarla, posteriormente la asesinaron.
Al cierre de esta nota, la comunidad Santa Marta avisó que el juicio podía suspenderse, pero que el tribunal aún estaba en discusión.
La mañana de este lunes, los alrededores del Centro Judicial de Ciudad Delgado amanecieron sitiados por la Policía Nacional Civil.
En la lectura del fallo, el pasado 18 de octubre el Tribunal resolvió absolver a los ocho procesados del caso Santa Marta.
El caso inició el 11 de enero de 2023, cuando los seis fueron detenidos en el cantón Santa Marta y Guacotecti, en Cabañas.
