Entre el martes y el jueves, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, en Cabañas desarrolló el juicio del caso Santa Marta, donde ocho personas son acusadas del homicidio de una persona durante el conflicto armado.

Este viernes, a la espera de la presentación de los alegatos finales para la próxima semana, observadores internacionales brindaron su valoración con respecto al desarrollo de las audiencias.

“Fuimos testigos de un juicio que, formalmente, pareció haber cumplido con estándares internacionales del debido proceso, sin embargo, en el proceso se transgredieron esos estándares en numerosas ocasiones”, indicó el observador de Dartmouth College, Jorge Cuéllar, en una conferencia de prensa, ofrecida este viernes en San Salvador.

El primero de los puntos destacados fue la presunta violacion de reserva por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), al exponer, supuestamente, a los testigos que asistieron al juicio para brindar sus respectivas declaraciones.

“Mostró a los acusados de maneras que daban por sentada la culpabilidad en las redes sociales. Tememos que esta violacion a la reserva sin una reprimenda judicial representa una falta de imparcialidad procesal”, expresó Yvette Borja, de la Facultad de Derecho, de la Universidad de California, en Estados Unidos.

Otro punto destacado por los observadores internacionales fue el uso de “estrategia excesivamente agresiva” por parte de los fiscales, que señalaron incluyó reprimendas y el uso de ademanes para presionar a los testigos. Ante ello, aseguraron que por dicha conducta fueron advertidos y corregidos en reiteradas ocasiones por el tribunal.

Asimismo, se pronunciaron ante el maltrato de uno de los acusados, por parte de los policías durante el traslado a su residencia, donde guarda arresto domiciliario mientras no emite una resolución del caso.

Esto último fue denunciado desde el pasado miércoles por los miembros de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) Santa Marta, en contra del imputado, Teodoro Antonio Pacheco, quien aseguraron fue retenido por varias horas, en una subdelegación policial al terminar la audiencia del segundo día de juicio.

Ante ello, los observadores recomendaron que durante el resto del proceso, que la logística del transporte sea supervisada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), con el fin de garantizar la integridad personal y física de los acusados.

En conclusión, afirmaron que las personas acusadas deben ser liberadas de la acusación por el crimen por el cual se les procesa.

“Concordamos con el equipo de la defensa de los cinco acusados en que no se presentaron pruebas suficientes para condenarlos. Con base en la evidencia en la sala del tribunal, creemos que la única solución justa es la absolución de los cinco acusados”, dijo el observador de Dartmouth College.

Y agregó que, “la falta de absolución indicaría la falta de presunción de inocencia, y por lo tanto, la inexistencia de un poder judicial independiente en El Salvador”.

Los observadores que participaron forman parte de instituciones como King’s College de la Universidad de Western, en Canadá; Dartmouth College, así como de la Escuela de Derecho de la Universidad de California, en Estados Unidos y la Universidad Autónoma de México.

La acusación
El juicio finalizó el jueves 10 de octubre, luego de tres días de presentación de documentos y testimonios de la Fiscalía y defensa. Se prevé que el próximo lunes y martes se realicen los alegatos finales de ambas partes y el tribunal emita el fallo.

La Fisclía acusa a Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio por el asesinato de María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, quien habría sido sacada de su casa y torturada antes de su muerte en un campamento guerrillero.