En la jornada de este día, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al Tribunal que imponga una pena “ejemplar” a los procesados, después de más de 30 años de espera.
“En el presente caso se cuenta con evidencia testimonial, evidencia documental para acreditar los delitos que se le están imputando a los procesados. De igual manera la representación fiscal en su esfuerzo de manera objetiva e imparcial está pidiendo que condenen a los imputados”, dijo el fiscal del caso, a través de un video difundido por las redes sociales de la Fiscalía.
Asimismo, resaltó que el caso refiere por diferentes asociaciones a una vinculación con el tema de la minería metálica en El Salvador, “lo cual es totalmente falso”, enfatizó el fiscal.
Se tiene previsto que la audiencia se prolongue hasta el próximo 10 de octubre.
De los seis imputados presentes, todos tienen arresto domiciliario como medida, dos están ausentes.
Organizaciones
Desde tempranas horas de la mañana, diferentes organizaciones y movimientos sociales se han reunido este martes frente a las instalaciones del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, Cabañas a la espera que se otorgue la liberación de cinco, de las seis personas detenidas, dado que son líderes comunitarios de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES).“Nuestra expectativa es tener la libertad de nuestros compañeros a partir de que la Fiscalía no ha logrado aportar elementos nuevos y eso hace pensar que el juzgado va actuar de forma correcta y de esa manera en esta audiencia tener la libertad de nuestros compañeros”, expresó Alfredo Leiva, representante de ADES.
Por su parte, el reverendo de la Iglesia Bautista Enmanuel, Miguel Tomás Castro manifestó: “Las iglesias respaldan en total solidaridad a nuestra causa de nuestros hermanos ambientalistas y estamos puestos con una sola expectativa, que sean puestos en libertad”.
¿Cuál es la acusación?
La Fiscalía los acusó del asesinato de la señora María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, quien habría sido sacada de su casa y torturada por aproximadamente 15 días, luego asesinada en un campamento guerrillero.El caso inició el 11 de enero de 2023, cuando la comunidad de Santa Marta denunció la detención de cinco de sus líderes. Ese día, la Fiscalía General de la República ordenó detener a seis personas: Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas Laínez, Teodoro Antonio Pacheco, y Saúl Agustín Rivas Ortega.
Así como de Fidel Recinos Alas, conocido como el comandante Raúl Hércules, de la Resistencia Nacional, organización que conformó la guerrilla salvadoreña, aglutinada en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
Cinco días más tarde, la Fiscalía acusó a ocho personas en ese caso, incluyendo al firmante de los Acuerdos de Paz, Eduardo Sancho y Arturo Serrano Ascencio, quien reside en Estados Unidos.
