Las organizaciones consideran que la absolución mostraría "que no todo está perdido en materia institucional, de justicia y derechos humanos del país" y reiteraron su rechazo al proceso judicial por constituir "una criminalización y persecución contra el activismo ambiental" en el país acusados por el asesinato de una mujer durante el conflicto armado.
"Consideramos que una resolución absolutoria sería una señal de independencia judicial... El Salvador es muy mal visto en todo el mundo por perseguir a defensores ambientales, en vez de reconocer y proteger su heroica labor".
Comunicado de prensa de organizaciones que piden libertad para los defensores de Santa Marta.
Pedro Antonio Rivas, Teodoro Antonio Pacheco, Fidel Dolores Recinos Alas, Alejandro Laínez García, Miguel Ángel Gámez y Saúl Agustín Rivas Ortega, quienes fueron parte de la guerrilla del FMLN, fueron acusados por la Fiscalía en enero de 2023 del secuestro y asesinato de María Inés Alvarenga el 22 de agosto de 1989, por ser supuesta colaboradora del Ejército, en el Cantón Santa Marta, Cabañas.
Pero las organizaciones defienden a los seis acusados argumentando que son ambientalistas y que son procesados como represalia por su lucha contra la minería.
Las organizaciones aseguran que la defensa de los ambientalistas "ha demostrado que no existen pruebas reales" de supuestamente haber asesinado a María Inés Alvarenga en 1989. Hombres habrían sacado a Alvarenga de su casa y la habrían torturado por al menos 15 días y luego fue asesinada en un campamento guerrillero.
Además, externaron su preocupación de que "el caso no haya sido desestimado por los tribunales de justicia" porque consideran que ha sido "evidente la debilidad probatoria" de la Fiscalía General de la República (FGR) "que basa su acusación en el relato contradictorio de un sospechoso testigo protegido".
Rafael Paz, del Movimiento Universitario "Pensamiento Crítico" dijo que "en este caso se agrupan las más grandes contradicciones que ha habido" hasta el momento porque "el gobierno ha cooptado el órgano judicial, órgano legislativo y órgano ejecutivo" y aseveró que una posible condena significaría "una condena contra el pueblo".
Por otro lado, solicitan que "se mantenga vigente la prohibición de la minería metálica, a fin de proteger el agua, el medioambiente y la continuidad de la vida" porque están preocupados por "la presencia de empresas mineras en el país".
