La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue creada en 1959 con el noble propósito de proteger y promover los derechos humanos en el hemisferio. A lo largo de los años, la CIDH ha sido una herramienta esencial en la denuncia de violaciones de derechos, promoviendo la justicia en circunstancias donde la voz de las víctimas es silenciada. No obstante, su función exige una ética intachable, ya que la transparencia y la imparcialidad deben prevalecer sobre cualquier tipo de influencia externa. El reciente informe sobre el régimen de excepción en El Salvador ha suscitado serias dudas sobre si la CIDH sigue siendo fiel a estos principios fundamentales.

Lo primero a lo que me voy a referir es a la forma y fondo de este, las personas que trabajan en la elaboración de informes técnicos están obligadas a determinar y establecer con claridad cual es la metodología de este, y no pueden dejar dudas en este caso en la representación del Estado salvadoreño y de los diferentes lectores. Encuentro graves deficiencias en el método y en las fuentes utilizadas, de una manera muy puntual con la contrastación de la información y por supuesto sobre la sistematización, si existen fallas fundamentales en lo anterior no podrá existir un análisis exhaustivo para emitir conclusiones.

El informe, titulado “El Salvador: Estado de excepción y derechos humanos”, ha generado controversia no solo por su contenido, sino también por los métodos y fuentes utilizados. Al leer el voto razonado que hicieron valientemente los Comisionados Bernal y Ralón se evidencia algo que no es un tema menor. La ONG Cristosal, ampliamente financiada por Open Society y Ford Foundation, ha sido citada como la principal fuente en casi todas las secciones del informe, eclipsando a otras organizaciones. Las cifras revelan que Cristosal ha recibido más de 1.9 millones de dólares de estos financiadores entre 2020 y 2022. Esta dependencia financiera genera una inquietante pregunta: ¿Puede la CIDH afirmar que su análisis es imparcial cuando comparte los mismos financiadores?

La CIDH, en sus informes anuales, ha declarado recibir fondos de Open Society y Ford Foundation por un total de 31,224 y 853,850 dólares respectivamente. Esto plantea un conflicto de interés ético que va más allá de la mera coincidencia financiera. Si la CIDH ha sido sostenida en parte por los mismos actores que financian a una de sus principales fuentes en este informe, ¿Cómo puede asegurar la imparcialidad en sus conclusiones?

Este no es solo un cuestionamiento técnico. La CIDH tiene la responsabilidad de actuar con transparencia, tal como lo establece su propia normativa y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La confianza del público, de los Estados miembros y, sobre todo, de las víctimas de violaciones de derechos humanos depende de la claridad con que la CIDH maneje estos conflictos. Si no se puede garantizar que sus informes están basados en análisis objetivos y desprovistos de intereses externos, la credibilidad de este organismo corre un riesgo inminente.

En el contexto de la historia de la CIDH, su misión siempre ha sido defender a las víctimas y garantizar justicia. Sin embargo, en este caso, parece que la objetividad de su informe ha sido comprometida. No podemos ignorar el hecho de que el presidente de Cristosal, David Holiday, trabajó durante más de una década en Open Society, reforzando aún más la percepción de un conflicto de intereses. ¿Puede la CIDH proclamar imparcialidad si las conexiones entre los financiadores y sus fuentes son tan evidentes?

Además, es necesario recordar que la CIDH ha sido cuestionada por su falta de acción durante los momentos más oscuros de la violencia en El Salvador. Durante años, las pandillas sembraron el terror en nuestras calles, desplazando a comunidades vulnerables y cometiendo atrocidades sin precedentes, en el informe como en nuestra historia, las víctimas de la barbarie estamos ausentes, la CIDH no estuvo presente en esos momentos, no hubo informes contundentes ni visitas in loco para documentar esos horrores. Esta ausencia agrava aún más las dudas sobre su imparcialidad actual.

Es fundamental que la ética esté por encima de las personas, por encima de las organizaciones, y, sobre todo, por encima de los intereses financieros. La CIDH fue creada para ser un faro de justicia y verdad. Sin embargo, su reciente informe sobre el régimen de excepción en El Salvador plantea una cuestión ética crucial: ¿Puede un organismo que comparte financiadores con una de sus principales fuentes afirmar con autoridad que sus conclusiones son imparciales?

Las cifras están sobre la mesa. Cristosal ha recibido más de 1.9 millones de dólares de las mismas fuentes que financian a la CIDH, una coincidencia que no puede pasarse por alto. Este organismo debe abordar esta situación de frente, eliminando cualquier sombra de duda sobre su integridad. Solo así podrá cumplir su mandato original y mantener la confianza que ha sido su pilar desde su creación.

La transparencia, en última instancia, no es solo una obligación; es el cimiento sobre el cual se construye la credibilidad de cualquier organismo internacional. La CIDH debe recordarlo y actuar en consecuencia.