El 28 de septiembre del 2023 –hace apenas once meses– el Congreso argentino aprobó la Ley 27731 y así nació la Universidad Nacional Madres Plaza de Mayo, con sede en Buenos Aires. Según su tercer artículo, “los planes de estudio en las carreras de las distintas áreas disciplinarias, posgrados, diplomaturas y demás cursos de extensión o enseñanza que imparta” debían orientarse hacia “la defensa, protección, investigación y formación” con un objetivo esencial: el “ejercicio efectivo” de los derechos humanos de acuerdo a los contenidos “de la Constitución”, los tratados internacionales en la materia y las leyes nacionales”. Los referidos planes de estudio tenían que contemplar “una formación diseñada para lograr un perfil de sus egresados” con un “alto nivel” en dicho ámbito. Pues les cuento que el troglodita de Javier Milei la acaba de intervenir.
De entrada, el pasado jueves 25 de julio la Asociación Madres de Plaza de Mayo reaccionó con un comunicado denunciando que el Gobierno “fascista, negacionista, reivindicador de la dictadura genocida” había ordenado tan ilegal acción. “Resistiremos” –señalaron con valentía y dignidad– por ser “fraudulenta e ilegítima”, junto a toda la comunidad universitaria; el ejemplo de sus hijos e hijas las guía, sostienen, pues su lucha fue factor decisivo que motivó la creación de esta casa de estudios superiores.
A la solidaridad que por este medio ahora envío tanto a su legítima rectora, Cristina Caamaño, como a su profesorado y estudiantado le agrego las referencias de otras experiencias similares ocurridas en nuestra patria, en el pasado y el presente, o en la de Sandino; así ponemos los puntos sobre las íes: los autócratas de hoy, al igual que los de antes, no quieren pueblos educados pues ‒como afirmó Edward Everett‒ “la educación es una mejor salvaguardia de la libertad que un ejército permanente”. Prefieren a los militares pisoteando a los escolares, la opresión coartando una buena formación, la bota de la dictadura sobre el fomento de la cultura e invadir las universidades a que desde estas les digan sus verdades..
En noviembre del año pasado, el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos ‒desde Argentina, precisamente‒ publicó un informe elaborado por el Programa de Investigación y Publicaciones “Prudencia Ayala” y la Red Internacional de Derechos Humanos-Europa. Como lo establece su título, trata sobre la disolución de una significativa cantidad de universidades nicaragüenses bajo el régimen Ortega-Murillo desde enero del 2021. Entre las treinta que se reportan en el documento, la penúltima clausurada fue la jesuita Universidad Centroamericana en agosto del 2023. Las violaciones consignadas en el reporte tienen que ver con los derechos a la libertad de asociación, al debido proceso, a la propiedad privada, a la educación superior, a la libertad de expresión y a la libertad académica.
La única entidad pública de este tipo en mi país, que alberga la mayor población estudiantil de ese nivel y que además es la más longeva –la Universidad de El Salvador– a lo largo de su existencia en repetidas ocasiones ha sido cerrada, intervenida militarmente y despojada de su autonomía. Su campus lo han regado con sangre y su infraestructura ha sufrido despojo y destrucción. En la actualidad, el expresidente constitucional la está ahogando financieramente; además, desde el 2020, Nayib Bukele ha ocupado sus instalaciones ‒que no termina de devolver‒ para hospedar periodistas, visitantes y otro tipo de lambiscones que han arribado al país con motivo del concurso Miss Universo, de unos juegos deportivos regionales y de su reciente instalación en la silla dictatorial por cinco años más, si bien nos va. ¡Ah! También las ha ocupado para alojar militantes de su partido y hacer proselitismo.
Lo ocurrido en Argentina no se queda atrás. Destacan la llamada “Noche de los bastones largos” durante el régimen del general Juan Carlos Onganía y la imposición de un capitán de navío como interventor en la Universidad de Buenos Aires, quien al momento de ocupar sus instalaciones ‒un día después del golpe de Estado consumado el 24 de marzo de 1976‒ declaró que durante su gestión eliminaría “los factores ideológicos” dentro de la misma.
Ahora le tocó el turno a la Universidad Nacional Madres Plaza de Mayo, por órdenes de Milei. Tanto este como Ortega y Bukele creen que su palabra es la ley y cada cual actúa como si fuera el rey. Pero acá no se trata de permitir que termine siendo realidad la letra de la canción de José Alfredo Jiménez, para que impunemente hagan siempre lo que quieran en el ejercicio de sus “reinados”. Tarde o temprano caerán, pero por obra y gracia de las luchas populares.
