El escándalo por el caso conocido como “Watergate” ocurrió en EE. UU. en 1972 y terminó involucrando al muy experimentado presidente Richard Nixon, un abogado de formación que ganó la presidencia el 5 de noviembre de 1968, pero que ya contaba con una vasta experiencia, tras haber fungido dos veces como vicepresidente de
Dwight D. Eisenhower (1953-1961). Antes de ello, fue Congresista y Senador (1947-1953). Además, fue candidato presidencial en 1960, elección que perdió ante John F. Kennedy. Nixon logró una muy holgada reelección presidencial en noviembre de 1972, cuando aún no se conocía la dimensión y su responsabilidad en dicho caso.

Aquel escándalo se disparó la noche del 17 de junio de 1972, cuando cinco presuntos delincuentes, aparentemente comunes, fueron sorprendidos y capturados mientras asaltaban la sede del Partido Demócrata. Cuando avanzaron las investigaciones comprobaron que el propósito de la acción furtiva había sido instalar micrófonos en aquella sede para espiar las actividades del partido opositor. Por órdenes superiores el FBI y la CIA cerraron filas hasta limitar, dificultar e intentar desviar las líneas de investigación, incluso sobornando el silencio de los procesados. Sin embargo, fueron prominentes medios, entre ellos The Washington Post, la revista Time y The New York Times, los que desplegaron sus capacidades de investigación periodística hasta develar la trama, cercando a la administración Nixon. Solo años después se revelaría la identidad del famoso confidente, “Garganta Profunda”, -el segundo al mando del FBI-, que aportó valiosos indicios.

El fiscal general aseguró que el presidente no sabía nada, El mismo Nixon en una conferencia del 29 de agosto de 1972 expresó: “puedo decir categóricamente... nadie en el personal de la Casa Blanca, nadie en esta administración, actualmente empleado, estuvo involucrado en este incidente tan extraño”. En la medida que avanzaron las investigaciones y funcionarios fueron interrogados por resolución judicial, la administración Nixon tuvo que entregar las grabaciones de conversaciones telefónicas y reuniones de la Casa Blanca, que revelaron el alto grado de conocimiento y participación del mismo presidente; cuya administración también se caracterizó por espiar a periodistas y utilizar el acoso tributario como arma política.

Las grabaciones revelaron los planes y la línea de mando. Para la justicia fue decisivo encontrar la ruta del financiamiento de la operación de espionaje ilegal. Quedó al descubierto toda la maraña de la trama y encubrimiento institucional al más alto nivel. Se derrumbó el castillo de naipes, provocando la caída a pedazos del gabinete; prominentes figuras de alta confianza del mandatario fueron despedidos, otros fueron obligados a dimitir intentando desesperadamente sostener lo inevitable, la caída del presidente Nixon. Este, al final, tuvo bochornosamente que renunciar aquel 9 de agosto de 1974. Es la primera renuncia de un presidente en la historia de aquel país. Solo así evitó el enjuiciamiento y condena por graves delitos de encubrimiento y responsabilidad, derivados de aquellas operaciones ilegales de espionaje telefónico sobre la oposición del Partido Demócrata.

Al final, cuando rodó la cabeza del presidente, el líder del Partido Republicano en el Senado, Hugh Scott, dijo sobre los audios y transcripciones de las grabaciones, que estas revelaron una actuación de Nixon y sus ayudantes: “deplorable, desagradable, despreciable e inmoral”.

A partir de la publicación de información de alta sensibilidad con apariencia institucional, resultado de sofisticadas operaciones de alta tecnología reivindicadas por ciberhacktivistas de la organización clandestina CiberinteligenciaSV, se han conocido miles de documentos y grabaciones sumamente comprometedoras. Estas últimas las
habría realizado Alejandro Muyshondt, Asesor de Seguridad Nacional de Bukele, muerto bajo tutela de agentes del Estado en condiciones que aún no han sido esclarecidas, hecho sobre el que organismos internacionales demandan respuesta.

Los documentos y audios que circulan en redes sociales muestran fuertes indicios sobre graves delitos de espionaje sobre periodistas, lideres de oposición, críticos al
régimen y organizaciones de la Sociedad Civil. Se revelan nombres, modus operandi, lugares, fuentes de financiamiento. Estas presumibles evidencias suman al tesonero trabajo de investigación periodística que ya se venía publicando. Ante esta avalancha de indicios no se conoce acción del fiscal general, y la única respuesta es el silencio gubernamental.

Una de las figuras visibles que aparece gravemente implicada es el presidente de la Asamblea Legislativa, quien atribuyó las grabaciones a presunta Inteligencia artificial. ¿Estará dispuesto este funcionario a someterse a una experticia técnica para dilucidar el acertijo?