El ministro de justicia y seguridad pública de El Salvador licenciado Gustavo Villatoro presentó solicitud ante la Asamblea Legislativa el pasado 16 de julio del 2024 para incremento de penas y reformas al código penal con instrucción del presidente de la República, las cuales pretenden ajustar y actualizar la normativa penal para asegurar el uso de las libertades fundamentales, lograr que los tribunales sean liberados de la carga por medio de un descongestionamiento, así como recalcar la protección de los bienes jurídicos relativos al patrimonio privado, ya que el gabinete de seguridad pretende además de combatir y reprimir los delitos, en este año avanzar en el abordaje de algunas tipologías delictivas y conductas ilícitas que presentan mayor incidencia delictiva en el territorio a nivel nacional.

Una de las principales premisas de las reformas presentadas es la disuasión para los delincuentes con el incremento de las penas, está demostrado por diferentes estudios de la criminología por más de cien años que los delincuentes y criminales le tienen miedo a ser capturado y condenados, por lo que se dispone de evidencia, no solo es el incremento de las penas, que solo esta medida no logra el objetivo porque tienen la alta posibilidad de no ser investigados, menos capturados, los delincuentes y criminales miden y tienen parámetros que les permite arriesgarse y jugársela cada vez que planean y ejecutan un delito, ya que estos delitos que ahora el gobierno y gabinete de seguridad plantean estas reformas han sido conocidos como “delitos de bagatela” que no son más que delitos que acumulan miles de denuncias en sedes policiales y fiscales sin resolución alguna.

Es mi opinión que estas propuestas de reforma expresan una firme voluntad politica del presidente Bukele y de su gabinete de seguridad afirmar en la mente de la población que estos delitos ahora si importan, si se les presta atención, si en el pasado fueron visto y medidos con poca repercusión social porque no había sangre o luto, porque nunca se quitó a un ministro de seguridad o director de la policía por la alta incidencia en estos delitos o a un fiscal general por no investigarlos, no importaba el alto daño y afectaciones a la población de todo estrato y nivel social, total el daño era para la sociedad, no para las autoridades y gobiernos; este esquema llevó a pensar que las penas deberían ser mínimas y brindar una serie de posibilidades para no privar de la libertad, por eso hay delincuentes con tantas entradas y salidas en el sistema penitenciario salvadoreño.

El tipo de delincuentes que han operado y siguen operando en el país no son inocentes, no son personas que no saben el daño e impacto que están ejerciendo en sectores de la población, tiene el pleno goce de sus facultades mentales por lo tanto no son inimputables (eximida de responsabilidad penal) pero les encanta burlarse de la población y sobre todo de las autoridades, son aspectos vinculados con la psicopatía y otros trastornos de la personalidad y conducta que siguen siendo estudiados por la criminología, con el apoyo de la psicología y psiquiatría forense.

La estrategia del Plan Control Territorial ha sido efectiva y eficiente combatiendo a los pandilleros criminales, actividades de crimen organizado, delitos de alto impacto y ahora además de generar un método de presencia disuasiva de policías y militares, operaciones por cuadrante territorial, inteligencia, contra inteligencia, patrullajes digitales, combate a delitos informáticos ahora llega el turno de estas reformas al código penal, estas tipologías delictivas que están siendo cometidos por delincuentes comunes y hasta por oportunistas (mujeres y hombres). Se combate los crímenes y delitos con la premisa de por la razón (disuasión) o por la ley y el orden.