Tal y como están las cosas en Venezuela pareciera que la posibilidad de un acuerdo negociado poselectoral es algo que no tiene cabida. Pero no es así. Siempre hay resquicios e interlocuciones providenciales.

El 1 de agosto Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela y aún incierto ganador de las elecciones del 28 de julio, hizo circular en su cuenta de X el acuerdo al que su gobierno había llegado con el gobierno de Estados Unidos, el 28 de septiembre de 2023. Lo pone sobre la mesa para que se entienda desde dónde está hablando y con quién quiere hablar.

Se sentará en la mesa a negociar, podría pensarse, si el punto de partida es que es el actual presidente de Venezuela y además el presidente electo. Y por eso ha corrido hasta el Tribunal Supremo de Justicia para que ratifique los dos escuetos comunicados de la ahora ‘invisible’ autoridad electoral. En términos jurídicos, podría decirse que construye un expediente, puesto que los porcentajes dados por la autoridad electoral no le alcanzan para blindarse como presidente electo.

Y ese es el primer escollo. Sin duda que es el presidente actual de Venezuela, pero resulta difícil, dadas las circunstancias del anuncio de su apresurada proclamación como candidato ganador, que sea aceptado como presidente electo, por el electorado venezolano que no lo votó, por los gobiernos que siguen atentos estos sucesos y por el interlocutor único que busca, es decir, el gobierno de los Estados Unidos.

Maduro está tratando de hablar desde una posición de fuerza, en tanto que su respaldo electoral y la consiguiente crisis política que esto comporta ya no le ayudan como antes del Acuerdo de Doha con el gobierno de Estados Unidos en 2023.

El otro escollo es que de ninguna manera quiere negociar con la oposición (que, según la autoridad electoral y el mismo Maduro, sacó el 43%; aunque de acuerdo a las copias de las actas mostradas por la oposición la oposición obtuvo el 67%). Los acusa en bloque de ‘fascistas’, de ‘terroristas’ y de ser ‘piezas’ de Estados Unidos. De ahí, se entiende, que quiera hablar con el gobierno de Estados Unidos.

Con la intermediación de Lula, de Petro y de López Obrador este escollo quizá podría superarse. El asunto es que Maduro pretende un Doha II con Estados Unidos y los tres presidentes latinoamericanos buscan un acuerdo interno sobre el resultado electoral cuestionado.

¿Maduro & compañía no quieren negociar? Claro que quieren. El asunto es que la embarraron y ahora con bravuconadas y con malacrianzas y con acciones represivas quieren que los respeten. Al parecer no han caído en la cuenta de que si la oposición obtuvo 43% (según Maduro) y 67% (según la oposición), en ambos casos, lo que esos porcentajes expresan es que la plataforma chavista ha perdido la hegemonía sobre la sociedad venezolana y ahora se bambolea en la cuerda floja entre acomodarse a aceptar una derrota electoral o pasar (a la ofensiva, según su lenguaje) e imponer la dominación, cruda y dura.

El gobierno de los Estados Unidos, en su calidad de potencia mundial siempre querrá negociar, de hecho, en la ‘Fase 3: Pasos poselectorales’ del Acuerdo de Doha (28 de septiembre de 2023), está sin ambages por qué Maduro se haya urgido de negociar con Estados Unidos. Dice textual: ‘Tras la celebración de elecciones presidenciales y la toma de posesión del presidente debidamente electo, Estados Unidos desbloquea los activos del gobierno venezolano actualmente congelados en los Estados Unidos.
Además, Estados Unidos levanta todas las sanciones/designaciones basadas en la emergencia nacional respecto a Venezuela y revoca todas las Órdenes Ejecutivas basadas en la emergencia nacional declarada por Estados Unidos respecto a Venezuela, así como la Orden Ejecutiva que declara dicha emergencia, de conformidad con la legislación de Estados Unidos; y los Participantes normalizan las relaciones diplomáticas y consulares’.

Un buen acuerdo, sin duda, el que Maduro había obtenido. El problema ahora para Maduro es que ya no están en las mismas condiciones que en 2023, ya que el proceso electoral reciente puso al descubierto su notable debilidad frente al electorado y su fragilidad política para enfrentar una adversidad electoral.
La lógica sugiere que primero, con los tres presidentes latinoamericanos, podría generarse una salida a la crisis poselectoral y, solo después, el Acuerdo de Doha podría terminar de concretarse.

Bárbaro aprieto en el que está Maduro, porque los tres presidentes le piden que muestre las actas y que después de eso se haga una auditoría independiente e internacional. Y a continuación de eso, lo pactado en Doha podría materializarse.

Pero el camino que ha tomado Maduro después del 28 de julio no lleva a mostrar las actas ni a que sean auditadas. Y eso implica que la ‘Fase 3’ del Acuerdo de Doha queda trunca.
Ya no es El general en su laberinto, sino Maduro en su laberinto.