Por fin hay Tribunal Supremo Electoral. El Organismo Colegiado fue electo después de 55 días de retraso legislativo, fue con los votos del partido de gobierno (NI) y sus aliados en el congreso (PCN y PDC). Durante los treinta y dos años del proceso de Paz, jamás hubo retraso tan prolongado, injustificable con el poder absoluto del bukelato. La novedad es que el gobierno decidiera mantenerse formalmente en la letra del esquema constitucional (artículos 208, 209 y 210), una reforma de los Acuerdos de Paz, en la que los tres partidos con mayoría de votos en la última elección presidencial propone cada uno una terna para elegir titulares y otra para suplentes; mientras, las ternas restantes para completar el esquema de cinco titulares y cinco suplentes, las propone la Corte Suprema de Justicia, otro órgano bajo control absoluto del bukelato.

Cabe preguntarse: ¿a qué se debió tanto retraso para elegir magistrado, si en definitiva al final se mantuvo el mismo esquema constitucional? ¿Por qué no reformaron el TSE después que figuras públicas del bukelato argumentaran su inconformidad con el esquema vigente? ¿Por qué no reformaron si cuentan con los votos suficientes para imponer cualquier cambio? El bukelato conoce la importancia del TSE en la administración y ejercicio jurisdiccional sobre todos los mecanismos y procedimientos que permiten adjudicar las cuotas de poder político de los cargos sujetos a elección popular. Fueron ellos quienes impusieron una reforma con penas de cárcel a quien se opusiera a la inscripción de la candidatura inconstitucional para la reelección presidencial de Bukele; utilizaron recursos del estado en función de su campaña electoral; promovieron irregularidades al voto desde el exterior y al proceso de escrutinio final, todo bajo la sumisión del Tribunal Supremo Electoral.

Es conocida la febril “antrofagia” de esta voraz administración caracterizada por controlar a todas las instituciones del Estado, sin excepción. Por lo tanto, sería ingenuo creer que dejarían suelta y al azar la independencia y autonomía del órgano electoral. ¿Será que los 55 días “perdidos” fueron el telón para entenderse con el “operador” que les asegure el 4° voto dentro del Organismo Colegiado? Y si el operador sale “faltón” -como dirían Los Tigres del Norte-, les queda el portillo abierto para aplicar la reforma que otorgue el doble voto (voto calificado) a la presidenta del ente Colegiado, tal como ella misma lo declaró el 29 de julio en la Asamblea Legislativa.

La elección estuvo plagada de irregularidades e inconstitucionalidades, en las que lo menos grave es el incumplimiento de plazos. El tema de fondo es el incumplimiento legislativo de verificar los vínculos partidarios de algunas personas electas. En una está documentado que participó aspirando a candidatura en las elecciones internas legislativas de Nuevas Ideas; otra es fundadora de ese mismo instituto político y fungió en el Concejo Nacional Electoral del mismo partido. Huelga la falta de idoneidad de algunos prospectos, cuando había perfiles mucho más calificados en las ternas. Es presumible la existencia de un acuerdo político para asegurar el control del TSE. Estas irregularidades contrastan con la imposición amenazante al partido Arena para que cambiara su terna, sin argumentación y sin notificación oficial.

El nuevo Organismo Colegiado de entrada cuenta con un destacamento profesional de experimentados trabajadores, técnicos y ejecutivos. Pero su mayor reto, y el rasero por el que se medirá su desempeño, es cumplir con el art. 218 Constitucional, demostrando su independencia, autonomía e identidad institucional, diferenciándose del bukelato. Deberán actuar con transparencia, volver accesible la información institucional; tener apertura a los partidos políticos sin excepción; ser accesibles y abiertos con todos los medios de comunicación; mantener una relación franca y fluida con las organizaciones de la Sociedad Civil especializadas y con trayectoria en temas democrático-electorales.

Las tareas más significativas del Colegiado será garantizar una efectiva y oportuna justicia electoral; proponer reformas para una Fiscalía Electoral permanente y creíble. Proponer reformas para crear Distritos Electorales Legislativos que propicien el vínculo y rendición de cuentas de los legisladores con la población; un registro electoral confiable de electores del exterior; acciones preventivas y correctivas sobre el uso de dineros ilícitos en la política, y el abuso de recursos del estado con fines proselitistas; control de las campañas sucias en las redes sociales. En definitiva: elecciones justas, libres y transparentes.