Un ‘momento de ruptura’, su prolongación en el tiempo, depende de los factores que lo determinan y de las circunstancias particulares que le son afines. De ahí que sea muy difícil establecer un patrón de comportamiento. Lo económico, en algunos casos, marca la pauta de lo que podría ser un ‘momento de ruptura’. En otros casos, lo político es el factor decisivo. Y en otros, la esfera de lo ambiental es lo determinante. Y a veces hay combinaciones inesperadas de estos elementos o de otros más.



Un tercer ‘momento de ruptura’ que resulta valioso analizar es el que se da entre 1968 y 1972. Claro, esa delimitación temporal tiene sus riesgos, pero la noción de ‘momento de ruptura’ quizás ayuda a solventar los escollos.

Lo crucial de este lapso (1968-1972) es que, después, ya nada fue como antes. Al irrumpir la noción de la lucha armada en El Salvador como herramienta principal para empujar el cambio político, los instrumentos organizativos ad hoc tuvieron que ser tributarios de aquella herramienta principal. Las organizaciones guerrilleras se conformaron entre 1970 y 1971, pero el punto de arranque de esa posibilidad se dio a partir de la eclosión del movimiento social magisterial que plantó cara, como no se había hecho en décadas, al estado de cosas prevaleciente. Y lo más interesante es que su emergencia se dio de forma independiente, autónoma, podría afirmarse, de las fuerzas políticas (de todos los signos ideológicos) existentes.



Años vista puede afirmarse que fue un hecho sorpresivo el escenario huelguístico planteado. Muy distinto de las tradicionales huelgas obreras, y es que aquí el elemento motor dinamizador, el profesorado, constituía una absoluta novedad. De hecho, frente al empuje masivo que las jornadas huelguísticas magisteriales mostraron, el estudiantado universitario, las instancias sindicales más avanzadas, los partidos políticos progresistas (en aquel momento el Partido Demócrata Cristiano ―PDC― lo era; sin duda el Movimiento Nacional Revolucionario, recién fundado, también lo era) y hasta el Partido Comunista de El Salvador tuvieron que girar y observar y aproximarse no sin aprensiones para examinar qué era aquello que se estaba expresando y que caminaba por el costado del proceso político nacional.

Un año antes, en 1967, habían tenido lugar dos hechos importantes: una huelga obrera con cierto nivel de generalización, pero que no constituyó un desafío político para la gestión gubernamental, sino que solo para algunos elementos del sector privado. También en ese año de 1967 se dio la elección presidencial donde el Partido Acción Renovadora-Nueva línea ―PAR-Nueva línea― logró concitar cierto apoyo ciudadano, quedó en tercera posición muy por debajo del PDC que quedó segundo, lo que no era poco, si se considera que desde el aplastamiento sangriento de la insubordinación social de enero de 1932 (salvo la breve y precaria primavera política de mayo a octubre de 1944) en El Salvador no se había podido constituir un agrupamiento electoral no-tradicional; el PAR-Nueva línea en 1967 fungió como tal.

Pero la irrupción del filón magisterial político-social era una nota de otro tipo, y aunque sus reivindicaciones se hallaban afincadas en su sector, por la interrelación sistema educativo-sociedad, el Gobierno se vio compelido a reaccionar de un modo distinto a como lo hacía frente a la actividad obrera o electoral.

Sin embargo, no fue desde el sector magisterial donde se dieron los primeros pasos para el proyecto de lucha armada, y que las organizaciones guerrilleras implantaron a troche y moche, no sin yerros falencias y extravíos, desde 1970. Pero el movimiento social magisterial, en 1970-1972 ―cuando los integrantes iniciales de los incipientes núcleos guerrilleros se habían desasido de sus vínculos políticos anteriores y se habían lanzado a la ‘zona ignota’ que fue el período de lucha armada―, había alcanzado una masividad y legitimación político-social relevante, y mientras los núcleos guerrilleros se enconchaban en la clandestinidad, el movimiento magisterial estaba en auge.

Y será el año de 1972 cuando el escenario político se verá alterado de forma significativa, puesto que el proyecto del Partido de Conciliación Nacional (PCN), que venía gestionando el aparato del Estado desde inicios de la década de 1960 rompió el esquema de la frágil legalidad vigente y se deslegitimó al provocar el escandaloso fraude electoral de febrero de 1972, como único recurso para detener la avalancha ciudadana que bajo el nombre de Unión Nacional Opositora (UNO) había obtenido una clara victoria en las urnas.

La reacción improvisada de unos pocos oficiales constitucionalistas, encabezados por Benjamín Mejía ―coronel del Ejército―, el 25 de marzo de 1972, en 24 horas fue derrotada. Es entonces que la guadaña represiva se alzó con toda contundencia y su símbolo fue la intervención militar de la Universidad de El Salvador el 19 de julio de 1972 y el exilio de las autoridades y de otros profesionales de la comunidad universitaria.

Esa errónea decisión política (el fraude de febrero) y esa demostración de fuerzas (la intervención militar del 19 de julio) en lugar de paralizar las energías sociales de cambio político, contribuyó a incrementarles. Y ya se sabe lo que pasó de ahí en adelante.